Por estos días, en un despliegue de optimismo pocas veces visto, la Alcaldía de Cúcuta anda pregonando que el gravísimo problema que para el espacio público de la ciudad representan los vendedores informales está en vías de solución.

Pero no es así. El hecho de que el Municipio haya llegado a un principio de acuerdo con 125 de estos vendedores, no significa que el asunto de los otros 7.000 esté, ni mucho menos, cerca de encontrar solución, como se desprende de la manera como los funcionarios hablan a la prensa de lo que han logrado.

Esos 125 vendedores con los cuales hay un principio de acuerdo son apenas 2 por ciento de la multitud de personas que, como marabunta diaria y permanente, se adueñan de cuanto rincón libre encuentran en las calles céntricas, y desde hace algún tiempo, no tan céntricas, para sobrevivir vendiendo todo lo imaginable…

Encontrar solución para esos 7.000, y quizás más, es lo que de verdad espera con ansiedad toda Cúcuta. Porque con 125 que salgan de las calles, ni siquiera se va a notar que dejan un vacío. Esa no es solución alguna. Eso no es resolver nada.

El de los invasores de espacio público de Cúcuta es un conjunto de problemas que las distintas administraciones nunca atendieron, porque unas veces primaban las razones electorales, y otras las generadas por la presión de quienes mueven los hilos de esta situación que, aunque no lo parezca, deja millonadas de dinero al día para los promotores…

Sin embargo, hay que decir que existen indicios de que en algunos casos, se hizo más para permitirles a los vendedores adueñarse de calles y parques e imponer sus condiciones, incluso a través de la Justicia, que por evitar que unos pocos vivos pudieran asentarse en el espacio que es de todos los habitantes de la ciudad. 

La presencia de esos miles de vendedores ya no es solo un problema callejero de espacio público usurpado, sino un problema social de muy grandes dimensiones, pues 7.000 vendedores son el equivalente a la población de Bochalema o Ragonvalia, incluyendo en ambos casos a los habitantes de la zona rural.

Muy probablemente, una administración que ya está de salida, nada hará, salvo transferirle el problema al próximo alcalde, que tampoco actuará, porque el asunto ha crecido tanto, que es prácticamente imposible darle la solución que requiere sin los recursos necesarios.

Porque, según la Justicia –que no ha contribuido mucho a solucionar el problema– a todos estos vendedores hay que reubicarlos en un sitio adecuado, para garantizarles así su derecho al trabajo, y hacer esto con 7.000 personas sobrepasa cualquier cálculo. Pero, ¿dónde ubicar 7.000 negocios? 

Hace unos tres años, el alcalde César Rojas prometió de manera solemne que, ante el desborde de la informalidad, comenzaba su tarea por enfrentarla. “En este proceso nos está acompañando la Policía Metropolitana, y por eso la idea es entregarle herramientas legales para que desde la autoridad entremos a ponerle orden a esto”, dijo el alcalde a los periodistas.

Pero quizás no dimensionó el problema al que se enfrentaba, quedando así sin intenciones en palabras; aunque el problema viene creciendo desde hace muchos años, quizás décadas, podría pensarse que hace tres años era más fácil de solucionar que hoy, cuando es casi imposible por la desidia y la falta de responsabilidad de todas las autoridades.