La afirmación de que Colombia es el tercer país más inequitativo del mundo parece ligera y sin fundamento. Pero es real. Y una manera sencilla de entenderlo es mediante la comparación: el 10 por ciento de los ricos gana cuatro veces más que el 40 por ciento de los más pobres. Y parece que una solución tardará.

Uno de los sectores más beneficiados por esta tendencia es la banca, toda, pero, en especial, los más grandes grupos financieros, que al término de cada año reportan utilidades increíbles de miles de millones de pesos. Por ejemplo, en 2017, el Grupo Aval reportó utilidades netas por 1,9 billones de pesos, una cifra que, en pesos, incluso, es monstruosa, en un país donde hay 13,5 millones de pobres.

La banca es un negocio legal, y sus utilidades, mientras no se demuestre lo contrario, también lo son. Resultan de actuar dentro de normas del Estado.

Esas utilidades de Aval, le permitieron a su principal accionista, Luis Carlos Sarmiento Angulo, seguir figurando entre los hombres más ricos de Latinoamérica y ocupar una importante posición entre los más ricos del planeta, con su fortuna de 12.000 millones de dólares (unos 36 billones de pesos, con dólar de 3 mil pesos).

De hecho y sin discusión es el colombiano más rico.

Obviamente, los negocios de este tipo de conglomerados financieros son de magnitudes monumentales y sus alianzas son con empresas y socios del mismo nivel de riqueza y de poder.

Pero, según informes de analistas internacionales como Bloomberg News, de Estados Unidos, algunos episodios inexplicados, algunos misteriosos, son causa de que el Grupo Aval haya perdido, en un mes, aproximadamente, 1.000 millones de dólares, una suma que podría llevar a la muerte a muchos países.

Pero, según Bloomberg News, la razón tiene que ver con la muerte de Jorge Enrique Pizano, testigo clave en la investigación de corrupción por los sobornos, a muy alto nivel de la constructora brasileña Odebrecht SA. Pizano era contralor de una de las empresas de Sarmiento, asociada con Odebrecht en la construcción de la interminable Ruta del Sol.

El caso involucra al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

Coincidencia o no, el hecho es que el Grupo Aval ha perdido 2.000 millones de dólares desde cuando comenzó la investigación, 1.000 de ellos solo a partir de la muerte de Pizano a causa de un discutido infarto del miocardio. Su hijo murió pocas horas después del sepelio, al beber de una botella de su padre que contenía cianuro.

Bloomberg relaciona las enormes pérdidas con el escándalo de Odebrecht y, además, informa de que las acciones de Aval en la bolsa han caído 27 por ciento, un registro que puede ser considerado catastrófico.

Si los analistas relacionan la muerte de Pizano y la debacle de Aval, se posible pensar que, en el fondo, quizás se esté dando una sanción social contra Sarmiento y sus empresas.

Si es una sanción social, bienvenida, no porque a Sarmiento o a Aval se les pueda responsabilizar de lo ocurrido con los sobornos y los fracasos arquitectónicos de las obras que financia, pues le corresponde a la Justicia, sino porque es señal clara de que los colombianos están llegando al límite de tolerancia ante la corrupción. Y de ser así, es una gran noticia...