Por donde quiera, la corrupción campea. Y no es solo en el sector público: si el privado no fuera corrupto, el oficial quizás no tendría la magnitud que hoy registra, con sobornos como los del caso Odebrecht, de millones de dólares.

Diversas fuentes coinciden en que la corrupción se lleva cada año más de 10 por ciento del presupuesto nacional, es decir, unos 25 billones de pesos, suma superior al presupuesto de varios departamentos juntos.

Gran parte del problema está en lo que roban a todos los colombianos, pues el dinero público es de todos, pero otra, y muy importante, está en el hecho de que, todos conociendo este fenómeno de sobra y sabiendo cómo opera —y en muchos casos teniendo certeza de quiénes son los ladrones—, nadie se oponga, ni siquiera las autoridades de control.

Hay regiones donde la corrupción es más marcada que en otras, pero existe en todas y a todos los niveles, y decir esto no es descubrimiento alguno. ¿Cuántos contratos se otorgan a dedo no al mejor postor sino al mejor amigo? Y ¿en cuántas va la suma de licitaciones entregadas a un solo proponente, a cuya medida se hizo todo el proceso licitatorio?

¿Qué se puede esperar de regiones donde los funcionarios de control  de un departamento son escogidos entre los que estuvieron en la campaña ganadora? ¿Esto si será control? ¿Cuántas situaciones aberrantes, como esta, se están dando en Colombia hoy?

De un tiempo acá, la Procuraduría y la Contraloría dejaron de investigar por iniciativa propia y solamente actúan cuando hay una denuncia respaldada por un ciudadano. Esto, obviamente, ha llevado a que los ciudadanos prefieran callar lo que saben, para no exponer su nombre en público.

Al fin y al cabo, piensan ellos, si los funcionarios que deben investigar no lo hacen, ¿por qué los ciudadanos debemos ponernos en la picota? Y tienen la razón. La corrupción se vale de prácticas del más puro estilo mafioso, lo que significa que los corruptos están dispuestos a lo que sea necesario para evitar consecuencias…

Pero, además, cuando el Estado actúa y logra echar mano a algunos de estos corruptos, la Justicia, laxa e incoherente, los envía a casa a pagar la pena de cárcel que les impuso, solo porque son funcionarios y personajes de algún nivel social.

Ante la impotencia de la sociedad para enfrentarse a un fenómeno que es de la esencia del poder político, ante la inactividad de las autoridades, ante la laxitud de la Justicia y ante la tolerancia social, en general, los medios de comunicación deberían unirse para lanzar una propuesta que busque que ellos, como en oportunidades anteriores —la época del terror del narcotráfico, por ejemplo—, unan esfuerzos y los destinen a combatir la corrupción denunciando casos concretos en los que trabajemos periodistas de todo el país. Una especie de bloque de investigación y denuncia de la corrupción.

Es, creemos, una buena manera de responder al creciente desasosiego de la ciudadanía ante el apabullante panorama corrupto y corruptor.