Todo se había quedado en silencio. De eso no habían vuelto a hablar. La sucesión de acontecimientos que ocurren en nuestro entorno lo habían sepultado. O como ocurre con tantos otros hechos, se volvió invisible.

Hablamos de la guerra que en el Catatumbo libran la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las disidencias del Epl, y la cual completa cerca de dos años y que volvió a saltar a la palestra, con el desplazamiento de 900 personas. 

Se trata de un conflicto que inocula más inestabilidad e inseguridad en esa de por sí martirizada región nortesantandereana en donde hay un pie de fuerza de hasta 12.000 hombres del Ejército colombiano.

Los enfrentamientos armados de ambas organizaciones al margen de la ley tienen en este momento un elemento conocido como maniobras para el intento de recuperación territorial por parte del Epl que a sangre y fuego fue desalojado por sus ahora enemigos del Eln, del corredor formado por la Playa de Belén, Hacarí y El Tarra.

Lo que ocurre es muy dramático para la población civil -especialmente mujeres y niños- que en sus parcelas y viviendas han quedado expuestos al fragor y riesgos de estos combates y ataques entre fuerzas irregulares que luchan por territorio y por el control o participación en el lucrativo negocio del narcotráfico.

Ahora que el ministerio de Defensa está estrenando titular y que el mismo presidente Iván Duque le enumeró entre las prioridades mejorar la seguridad del Catatumbo, es de esperarse que con las tropas acantonadas allá se le dé la protección adecuada a los habitantes asentados en esa zona y que viven la zozobra y los horrores de esta particular hostilidad entre esos bandos.

Lo que llama la atención es que si no hubiera sido porque la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios lanza esta advertencia al mundo, en nuestro país y región hubiera seguido oculto ese asunto.

La Defensoría del Pueblo y la Personería activaron las respectivas alertas tempranas, pero es urgente que el Ministerio del Interior y las demás autoridades nacionales activen las acciones necesarias para conjurar esta situación.

La amenaza de Los Pelusos a muchos de los desarraigados para que salieran de sus veredas en un término de una hora, indica la gravedad y demuestra lo que se ha dicho por fuentes especializadas sobre la llegada de El Cóndor, al comando del Epl, señalado como un sanguinario.

Ahí es fundamental que se documenten todas estas denuncias para ser elevadas ante los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, puesto que debe recordarse que el desplazamiento forzado es una violación al Derecho Internacional Humanitario.

Esta nueva situación lleva a entender la complejidad de la situación que se registra en aquella región nortesantandereana, donde por un lado la naturaleza le ha dado una tierra rica para el desarrollo agrícola, su fauna es exótica, en sus entrañas hay importantes recursos no renovables, sus municipios y pobladores conforman una vasta multipluralidad cultural, cuenta con pueblos ancestrales, las bellezas naturales son impresionantes, pero en el lado oscuro están el narcotráfico, la guerrilla, la disidencias, el contrabando, el tráfico de armas, las bandas criminales, ahora los carteles mejicanos y delincuentes de toda naturaleza. ¿Cuándo será que el faro del Catatumbo será realmente el faro de la legalidad y la paz en nuestro país?