Las situaciones insólitas que ocurren en Colombia parecen no tener fin. Son la causa de que los colombianos hayamos perdido toda capacidad de asombro, y de que pase como normal que un funcionario, como el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sea protagonista de hechos que nadie puede explicar cabalmente. Ni el mismo Martínez.

Hace pocos días, la presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Gloria Stella Ortiz, le escribió al fiscal general una carta en la que pide información oficial por seguimientos e interceptaciones telefónicas a magistrados que tienen que ver con un proceso para tramitar una tutela que beneficiaría al ex jefe anticorrupción de la fiscalía, actualmente preso.

Es, desde luego, escandaloso, que una de las cortes tenga que pedirle al fiscal investigar el acoso delictivo al que están sometidos los magistrados.

Pero, en donde en verdad las cosas salen de lógica, es en el hecho de que, según la respuesta a la carta de Ortiz, el fiscal admita que desde enero entregó información clave al respecto a varios magistrados, sobre una organización criminal ‘interesada en una actuación ante la Corte Constitucional’, y ordenó investigar.

Si desde enero la fiscalía sabía de lo que ocurría, ¿por qué no investigó desde entonces? ¿Significa que si la magistrada Ortiz no escribe pidiendo ayuda, el fiscal no habría ordenado investigar judicialmente? Y ¿por qué unos magistrados fueron informados de los seguimientos y las interceptaciones, y los demás no?

Pero, lo más insólito aún: el fiscal Martínez dice tener audios que probarían que se pretendía seguir e interceptar a algunos magistrados, pero, por alguna razón, no ordenó investigar. ¿Cuál es esa razón?

Que haya seguimientos a magistrados y otros altos funcionarios del Estado o a periodistas, que les intercepten las comunicaciones, no es nuevo en Colombia, y menos desde cuando el Das, máximo organismo de inteligencia y dependiente directo de la presidencia de la república, fue puesto al servicio de intereses criminales para perjudicar a personas con intereses contrarios a los del gobierno.

Hasta ahora no hay evidencia de que los teléfonos de los magistrados hayan sido chuzados, pero la carta de Ortiz puso en evidencia situaciones que la mayoría de los colombianos ignorábamos de cómo investigan los órganos de control, si, como se espera, investigan.

El fiscal no entregó mayores detalles en su respuesta, pero trascendió que la preocupación está relacionada con una investigación para dar trámite a una tutela que beneficiaría al exjefe Anticorrupción de la Fiscalía Gustavo Moreno. Aún no se tienen indicios de los delincuentes detrás de las grabaciones y seguimientos.

Moreno resultó ser un personaje clave dentro del llamado cartel de la toga, el cual se especializó en retorcer el destino de procesos judiciales en trámite ante la Corte Suprema de Justicia y en la propia Fiscalía donde ocupaba un cargo directivo hasta que fue desenmascarado gracias a una operación en la que participó la DEA en Miami. Desde su caída y hasta que fue extraditado el exfiscal Moreno se convirtió en el delator estrella y el escándalo le ha significado la cárcel a un exmagistrado y hay procesos abiertos contra otros dos.