A veces ocurren episodios históricos que sorprenden, como el de estos días, con la defensa decidida de los acuerdos de paz de 2016 con las Farc. La sorpresa es mayor en la medida en que quienes la hacen son congresistas de Estados Unidos, país al que, por muchas razones, siempre se le asocia con el espíritu guerrerista.

Una carta, que coincide con un duro editorial del diario The New York Times en el que sostiene que la paz en Colombia se está ‘desintegrando’, exige al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que presione al presidente Iván Duque para que cumpla e implemente los acuerdos de paz y detenga los ataques en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Pero no solo defienden los acuerdos, sino que de manera tajante le exigen a Pompeo que exprese el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a los mecanismos del sistema de justicia transicional: La Jurisdicción Especial para la Paz (Jep), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Pero, además, respaldan la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos, como el mejor de los mecanismos para combatir la producción de drogas, como lo dicen los acuerdos.

Sería una carta más, si no fuera porque la firman 79 congresistas demócratas que recuerdan que el proceso de paz por el que reclaman fue apoyado por Estados Unidos, y afirman que ofrece una oportunidad única para poner fin a casi 60 años de guerra durante los cuales murieron más de 261.000 colombianos, 8 millones de personas sufrieron desplazamiento interno, y miles y miles fueron desaparecidas.

Pero, agrega la carta, y esta parte es realmente preocupante, esa oportunidad se está perdiendo por decisiones de Duque y su Gobierno, algo que, en concepto de analistas y observadores, es notorio, además de que deja como único camino el de la violencia. Las palabras de los congresistas dicen: “La implementación del acuerdo está siendo obstaculizada por la burocracia y decisiones de la administración de Duque de reducir la financiación y reescribir elementos del acuerdo con respecto a la justicia transicional y la restitución de tierras a víctimas de desplazamiento. El gobierno ha sido lento en expandir la presencia civil del estado a áreas afectadas por el conflicto. Los programas para reintegrar excombatientes a la vida económica están avanzando, pero de forma muy lenta”.

Desde luego, también critican al gobierno de Donald Trump, por la presión a favor de modificar elementos de la JEP después de que la Corte Constitucional de Colombia ratificó su ley estatutaria, las califican de maniobras contrarias al estado de derecho y citan declaraciones de la Organización de Naciones Unidas (Onu), que cuestionan la reapertura de los acuerdos de paz, pues eso genera incertidumbre.

La reacción de los congresistas estadounidenses a la política colombiana no es otra cosa que una reafirmación de que el propio proceso de paz está en peligro, no solo algunos mecanismos anexos, como la Jep, aunque el propio Duque, y otros funcionarios, se empeñen en desmentirlo.

El Congreso de Estados Unidos es un organismo muy bien informado, que en materia de política internacional tiene un peso específico muy grande, y que puede, en determinados momentos, bloquear definitivamente cualquier clase de apoyo para un país aliado, por muy amigo que sea.

De todo esto, queda una realidad desnuda: en otros países se preocupan por el proceso de paz más que los colombianos, y esto es más grave que todo.