En Colombia, los celulares siguen siendo la causa de muchas muertes y Cúcuta no es la excepción. En lo que va del año, se han conocido al menos dos casos de personas que han sido asesinadas por robarles el teléfono movil. Esto, sin contar con las que han resultado heridas de gravedad por este mismo motivo.

Los cucuteños aún recuerdan el caso de Orlando Leal Ortega, un ejecutivo de Bancolombia que fue agredido con puñal hace unas semanas por robarle su celular y cuya herida lo mantuvo varios días en cuidados intensivos, al borde de la muerte.  Tampoco olvidan el drama de la familia de un joven de 15 años, que fue asesinado en presencia de su madre, en el barrio Claret, por este mismo motivo.

En el país se roban 112 celulares cada hora, lo que significa que al día son hurtados 2.700 aparatos y al año, 2,8 millones.

Estos datos, unidos al hecho de que la GSMA, asociación de operadores de telefonía celular y telecomunicaciones más grande del mundo, ubica a Colombia como el país latinoamericano en el que se roban más celulares luego de Argentina, enciende las alarmas sobre la dimensión que está adquiriendo el fenómeno.

Si bien es cierto que desde el 2011 –cuando el gobierno estableció una nueva legislación para enfrentar este delito– las cifras de robos se han reducido en un 18%, las bandas delincuenciales han ido encontrando la manera de esquivar los mecanismos establecidos por las autoridades para frenar estos robos.  

Una de esas medidas, con la cual los operadores lograban bloquear en 25 minutos los celulares reportados como robados, se ha visto en jaque pues las bandas criminales han desarrollado la capacidad para adulterar los equipos, haciéndolos útiles nuevamente a través de la manipulación de los Imei (identidad internacional de cada equipo movil).

El año pasado, una nueva resolución de la Comisión de Regulación de Comunicaciones estableció una serie de mecanismos para combatir cada eslabón de la cadena que gira en torno al hurto de los teléfonos celulares, un delito que le produce $830 mil millones al año y que involucra  también el lavado de activos y la extorsión.

Entre esas medidas adoptadas para hacerle frente a este tipo de hurto que afecta profundamente la percepción de seguridad, se destaca la que regula la exportación e importación de celulares, pues se calcula que 7 de cada 10 celulares robados en el territorio nacional son comercializados en el exterior.

En Cúcuta, tras la orden del presidente Juan Manuel Santos de detener este delito, la policía ha incrementado las labores de inteligencia para detectar y desmantelar las bandas dedicadas a cambiar los códigos Imei  y a comercializar o exportar los celulares robados.

Aunque algunas de las bandas más poderosos han sido desmanteladas por las autoridades, la labor que deben adelantar las autoridades para hacer frente a este flagelo abarca muchos frentes, pues en ciudades como la nuestra, por ejemplo, no se entiende cómo aún permanecen activos algunos lugares donde se comercializan estos aparatos robados, que además, son de público conocimiento de la ciudadanía.

Para frenar los altos índices del delito, también es importante adelantar campañas con la ciudadanía, para que se conozca, en detalle, los pasos que debe seguir cada persona que sea víctima de este tipo de robo, pues de la rápida acción para denunciar, bloquear el celular y reportar el Imei en las bases de datos que maneja la policía y las empresas de telecomunicaciones, depende que la acción contra los delincuentes pueda ser efectiva.