Los términos Estado fallido describen un Estado soberano que no es capaz de garantizar servicios básicos a sus ciudadanos. Pero se puede usar, sin cambio, en un intento por definir un Municipio, como Cúcuta, donde no es posible ofrecerle a la comunidad esa garantía de los servicios.

Los parámetros para definir un Estado fallido se puede aplicar, sin exagerar, a la situación de esta ciudad:

Hace mucho rato perdió el control físico de su territorio, a manos de mafias de todo tipo, de abusadores con el espacio público, de comerciantes de chucherías que deciden qué se hace en las calles y qué no, de contrabandistas de combustibles, de talleres de mecánica, de almacenes y tiendas legales… en fin, de todo aquel que necesita un lugar para hacer negocio a costa de todos los demás ciudadanos.

Cúcuta perdió el monopolio en el uso legítimo de la fuerza, con amplias zonas como Palmarito, las vecindades del río Táchira, San Faustino y otras, donde quienes gobiernan —pues deciden quien puede estar allí y quien no—, son las pandillas criminales de colombianos y extranjeros que viven de burlar las leyes y de impedir que la Policía vaya a ejercer control.

Hay erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones, pues cumplir las normas que emanan del Gobierno local, casi nadie lo hace: no hay recaudo de ninguna clase, no hay capacidad de hacer cumplir leyes básicas como el Código de Policía, pues por toda parte hay ruido, caos callejero, andenes invadidos, sectores en poder del hampa, construcciones sin control, motociclistas que se hacen reyes de las calles, transporte pirata, cultivos de coca, minería ilegal…

Cúcuta es hoy incapaz de suministrar servicios básicos a toda la comunidad: las quejas son frecuentes de sectores donde no hay transporte público, no hay calles pavimentadas, no llega el agua potable, están sin alumbrado público, las escuelas son deficientes y no albergan a todos los niños, habitan decenas de personas que no tienen servicio de salud, y ni siquiera comen…

Es, para no ir algo más allá, un Municipio donde hay fracaso social, político y económico y donde el Gobierno genera la percepción de que hay muy altos niveles de corrupción y de delincuencia.

Los altos índices de informalidad en el empleo, en la vivienda, en el transporte y en la ocupación del espacio público son señales de que durante los últimos años no ha habido autoridad capaz de solucionar problemas elementales, y que ya no lo podrá hacer, pues se le acabó el tiempo.

Desde luego, la responsabilidad no es solo de los funcionarios municipales; lo es también de los ciudadanos, que no exigen de las autoridades que cumplan con sus obligaciones básicas de generar bienestar, y de los órganos de control, que por ninguna parte aparecen para frenar la corrupción, que se queda con mucha parte del presupuesto destinado a programas locales de diversa índole.

Con las elecciones en la puerta, será definitivo para el futuro de la ciudad y de los ciudadanos, que los electores tomen decisiones correctas, que elijan a los que de verdad ofrecen soluciones y están en capacidad de cumplirlas.

Si no es así, seguirá Cúcuta por el mismo camino que viene transitando desde hace ya varios lustros.