“Con el lenguaje del pueblo sólo pueden ser llamados hampones de cuello blanco, que desequilibraron las arcas de Bogotá y de los ciudadanos de a pie”. Es cosa de cambiar Bogotá por Cúcuta y la histórica y demoledora frase del juez 14 de conocimiento de Bogotá, Óscar Orlando Garzón Vega, cae de perlas.

A ese juez y al fiscal Juan Vicente Valbuena, que por fin lograron sentar en el banquillo de reos, y ante ellos, al corrupto exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, y condenarlo, son los que necesita Cúcuta. Y los necesita de urgencia.

Hay mucho por hacer en esta materia, y a juzgar por los resultados, parece que nadie lo está haciendo, mientras la corrupción corroe hasta las alcantarillas de algunas dependencias públicas.

Cómo no querer para esta ciudad un juez que dice lo que Garzón dijo: “A Samuel Moreno no le importó ser el alcalde de Bogotá, y sólo buscó un beneficio económico, lo cual merece el mayor grado de reproche por las actuaciones del mandatario capitalino, que lograron su cometido con la secretaría de Salud, los contratistas y varios particulares, que incluso apoyaron su aspiración política”.

Que es lo menos que podría decir si estuviera en Cúcuta, antes de enviar a unos cuantos, en realidad, a muchos, y por muchos años, a la última celda de la Cárcel Modelo.

Pero, tranquilos, todos nuestros corruptos, pues ni el juez ni el fiscal están aquí, y los que hay, parece que no tienen ni los pantalones ni otras cosas de esta pareja de funcionarios ejemplares. Y si los tienen, mueren del susto solamente con pensar que deban usarlos…

Por eso, Cúcuta es ejemplo nacional vergonzoso de un lugar sin justicia y en donde cualquiera puede hacer lo que le dé la gana, como incluso lo pregonan vallas en alguna ciudad capital.

Denuncias sobre contratos amañados, sobre desapariciones de dinero y de maquinaria, sobre atropellos contra la naturaleza, de nombramientos amañados y licitaciones con ganadores ya decididos, peculados, cohechos y cuanta conducta punible haya de funcionarios públicos de todos los niveles, audios, videos y otros documentos con indicios de abusos, de meteduras de pata graves…, dormitan la siesta eterna en los anaqueles de los despachos judiciales.

¿Cómo a ningún fiscal o juez o procurador se le ocurre, por mera razón de sus funciones, investigar cómo hizo un funcionario para, en unos pocos meses, parar vivir en un barrio popular a una mansión de zona de lujo, con autos de los más recientes modelos y dinero a montones, si el salario escasamente le podría dar para seguir donde estaba?

¿Qué se necesitan denuncias formales y nadie las formula? Son tonterías, señores de la Justicia y de los órganos de control. Ustedes, como funcionarios públicos, están obligados por la Constitución a denunciar o investigar hechos que consideren delictivos y de los cuales hayan tenido noticia.

 Porque, cuando omiten cumplir sus obligaciones, cuando prefieren ceder ante presiones políticas o de otro tipo, están tomando el camino equivocado, uno que los puede llevar a equipararse con los violadores de la ley penal.

Es una lástima que el organismo encargado de vigilar la conducta de los funcionarios públicos en la región trabaje más como martillo político, que golpea a determinados funcionarios en beneficio de otros. Lástima, porque si cumpliera con sus obligaciones, hace rato los juzgados y las fiscalías y su mismo despacho estarían trabajando al ritmo que exigen las circunstancias.

En fin. Si Cúcuta tuviera un juez y un fiscal como Garzón y Valbuena, otra sería la suerte de esta región plagada de corrupción y de corruptos que se llevan enormes cantidades de dinero de los contratos estatales.