Sin aceptar ninguno de los gravísimos problemas que hoy aquejan a Venezuela, el presidente Nicolás Maduro habló ayer en la Asamblea General de la ONU para expresar su rechazo por las sanciones económicas que ha impuesto Estados Unidos a sus funcionarios más cercanos, y para decir que, a pesar de las diferencias, está dispuesto a reunirse con Donald Trump, jefe de estado norteamericano, y estrechar su mano. “Estoy dispuesto a hablar con agenda abierta de todos los temas que quiera hablar el presidente”, dijo Maduro. 

En su discurso, como ya es costumbre, endilgó todo lo malo que sucede en Venezuela a  un complot sistemático y a una campaña de desprestigio emprendida desde Estados Unidos, con colaboración de otras naciones, entre las que mencionó a Colombia, Chile y México, a cuyos diplomáticos refiere como cómplices del pasado atentado con drones. Y aunque siempre ha mostrado su rechazo por cualquier tipo de intervención norteamericana, sorprendió pidiéndole abiertamente al gobierno y al FBI que le ayude a investigar este atentado en su contra. 

Se necesitan mucho coraje para asistir a este encuentro donde se congregan los jefes de estado de las naciones más importantes y callar y negar ante problemas tan graves e innegables como el éxodo masivo de ciudadanos, la escasez de alimentos, la aguda crisis económica y la falta de garantías de toda índole.

Pero es real. A Maduro parece no importante que mientras miles de sus compatriotas padecen hambre y otros cientos pierden su vida por cuenta de la escasez de alimentos y medicinas, los líderes más visibles del chavismo son noticia por cuenta de las sanciones que ha impuesto el departamento del Tesoro de Estados Unidos por corrupción. Tampoco parecen importarle las evidencias que relacionan a Diosdado Cabello, segundo al mando de la revolución y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, con un jet decomisado a un testaferro suyo, avaluado en  20 millones de dólares.

Rafael Alfredo Sarria Díaz, el hombre que fue incluido en la lista Clinton por adquirir propiedades con dineros ilícitos, según las autoridades norteamericanas, varias de ellas en zonas lujosas de Nueva York y de La Florida. 

Esta vez, las sanciones tocan al círculo más cercano del presidente: su esposa, Cilia Flores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; todos los activos de esas personas en territorio estadounidense quedan congelados. 

“El Tesoro va a seguir imponiendo cargas financieras contra aquellos responsables del trágico declive de Venezuela y contra las redes y los testaferros que utilizan para esconder su riqueza ilícita”, dijo en un comunicado el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin. 

Recientemente, Maduro y su esposa, la primera dama, también fueron objeto de controversia por cuenta de varios videos publicados por un reconocido chef Turco, quien los atendió en su excéntrico restaurante. 

En los videos, que por supuesto hicieron estallar las redes sociales, se ve a la pareja presidencial disfrutando de un gran banquete. La indignación fue generalizada, pues mientras el mandatario puede darse esos lujos, en Venezuela los supermercados están vacíos y muchas personas mueren de hambre. 

Aunque a muchos todavía les cueste creerlo, es una realidad que el gobierno de Venezuela ha utilizado su poder para enriquecerse, para apropiarse de los recursos asfixiando a los ciudadanos al punto de obligarlos al éxodo masivo que bien conocemos.

Cinco naciones (Colombia, Chile, Argentina, Paraguay, Perú y Canadá) se unieron para denunciar a Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Mientras los problemas siguen creciendo, Venezuela y su gobierno siguen en el centro del debate ignorándolos con cinismo y esperando que pronto se genere una solución favorable a los ciudadanos de ese país hermano.