El Decreto 2229 emitido por el gobierno nacional en los últimos días de diciembre del 2017 firmado por la ministra de Relaciones Exteriores, los ministros de Hacienda, Transporte, Comercio Exterior y el Jefe de Estado, ha desatado una serie de reacciones que, inclusive, han llevado a enfrentar con declaraciones a los medios de comunicación al gobierno departamental en cabeza del secretario de Hacienda, Martín Martínez, con el gobierno municipal, en cabeza del propio alcalde de Cúcuta, César Rojas y varios miembros de su gabinete.

Y el meollo de la disputa, parece ser, el futuro recaudo que pagarán los vehículos que se internen en el departamento a través de sus municipios fronterizos, por lo que el Alcalde César Rojas ha enviado una carta al gobierno nacional, pidiendo la derogatoria del decreto con el argumento de que este, desconoce que las rentas deben estar dirigidas a las unidades especiales de frontera, que son los municipios fronterizos según el artículo 85 de la Ley 633 de 2000, y no a las rentas departamentales.

Durante varios meses del año pasado, el alcalde de Cúcuta, el gobernador del departamento y los concesionarios de vehículos y motocicletas que funcionan en la ciudad, insistentemente solicitaron al gobierno nacional la expedición del decreto que autorizara la internación temporal de vehículos venezolanos, para tratar de solucionar varios problemas que ha enfrentado la ciudad desde hace muchos años, como lo son el no tener unas cifras ni siquiera aproximadas de la cantidad de vehículos venezolanos que circulan en el Área Metropolitana y el departamento y uno más inmediato en el tiempo, como lo es el de los carros venezolanos nuevos y usados que han estado introduciendo a la zona los contrabandistas a través de las diferentes trochas que atraviesan esta porosa frontera.

Entonces, ¿qué hacer? Nos imaginamos que ya hay personas preparando las demandas contra el susodicho Decreto 2229, pero mientras tanto habrá que atenerse a que hay que empezar a implementar su aplicación,  mientras las respectivas instancias judiciales, si es que lo demandan, resuelvan el litigio. Y en esto pueden pasar muchos meses antes de tener una conclusión, a menos que alguna autoridad decrete una medida suspensoria del mismo en el entretanto. Mientras, seguiremos en la discusión, en donde habrá tantas teorías y posiciones como abogados hay en la ciudad.

De hecho, en La Opinión, ya se han publicado las opiniones de dos reconocidos juristas, columnistas habituales nuestros, quienes han sentado posición a favor de la interpretación municipal y varios de nuestros lectores nos han escrito para pedir que una voz autorizada medie en esta discusión que lo único que genera es incertidumbre entre el común de los ciudadanos, que no saben a qué atenerse.

Habrá que esperar nuevos hechos en esta discusión, pero en todo caso, lo que sí es cierto, es que el tal decreto es lo único que hay para trabajar sobre el tema. Mientras tanto, podría el Área Metropolitana idearse una forma de empadronar o censar los vehículos venezolanos que circulan por nuestros municipios, ya que ahora que la frontera está cerrada al tráfico vehicular es el mejor momento para ello y es un dato que sería de mucha utilidad para la economía de la región.