Este mal de nunca acabar sobre el que se han escrito miles de caracteres y vertido horas y horas de expresiones, reaparece en esta oportunidad con inusitada fuerza como lo demuestran las alertas tempranas del Consejo Nacional Electoral, en donde Cúcuta, en su calidad de capital departamental e índice de población, encabeza la deshonrosa lista de los municipios colombianos en que algo anda mal pero muy mal. 

El tufillo surge de esta sencilla comparación: entre octubre de 2014 y junio de 2015 se inscribieron 3.915 cédulas y en el mismo lapso de 2018 a 2019 la inscripción ya marcaba 30.958, que al aplicarle las matemáticas hace sonar más duro las alarmas al arrojar un equivalente de crecimiento del 683,6%, frente a un 7 % en la proyección departamental del aumento de población mayor de 18 años,  del DANE, en 2015-2019.

Nada ha valido para cerrarle el camino al trasteo de votos. A Heriberto Sanabria, presidente del CNE, se le ha oído advertir y notificar que si alguien jura que en la zona que se inscribió reside o trabaja y queda al descubierto que mintió, podría pagar hasta nueve años de cárcel. ¿Cuántas condenados hay? O ¿Cuántos encarcelados? Ninguno. Y nadie le teme a eso. 

En toda esa movida que se registró en el departamento en la semana del 8 al 14 de julio, con 147.959 cédulas registradas en los puestos de inscripción, que equivale a un 42% más que para las elecciones de 2015, pareció no haber importado el riesgo de las anulaciones. Para los comicios regionales de hace cuatro años y luego de cotejar la información con las bases de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, el Sisbén y el Fosyga, el CNE eliminó la inscripción de 12.653 documentos en Norte de Santander, por posible trashumancia. A eso tampoco le tienen miedo. 

¿Y entonces? Algo hay que hacer para enfrentar realmente esa maniobra que tiene como propósito que “los ciudadanos se inscriban para votar en un lugar en el que no residen, con el fin de controlar la intención de su voto y lograr una ventaja ilegítima en las elecciones, que tergiversa la voluntad electoral de los residentes del municipio”.

Desempolvando propuestas del pasado, que lamentablemente la única estación que conocieron fue la del hundimiento como ocurrió recientemente con la de las listas cerradas y la abolición del beneficio de la casa por cárcel para los corruptos, hay una que bien podría ser tenida en cuenta y que podría frenar, contener, controlar o disminuir la trashumancia electoral.

Se trataba de abolir el requisito para que potenciales votantes deban inscribir la cédula para participar en las elecciones para presidente, Congreso de la República, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles.

De eso se hablaba hace exactamente 18 años, cuando se planteaba la adopción en Colombia de la dirección residencial, en la cual las autoridades electorales señalarían el lugar de votación, requisito que debería ser acreditado con un año de antelación a los comicios. Esa era una idea, que para hoy parece obsoleta, pero lo cierto es que Colombia requiere con urgencia la modernización del Código Electoral, pues como se dice, con la actual legislación no se les hace ni cosquillas a los males que agobian al proceso de democracia participativa.