Cualquiera entiende la razón que argumentan los transportadores urbanos de Cúcuta, taxistas y buseteros: la piratería los lleva a las acciones de hecho para hacer sentir su protesta ante las autoridades.

Pero esa razón ¿qué tiene que ver con el reclamo de tarifas abusivas para los usuarios? Acaso, si suben las tarifas ¿los piratas resentirán su ilegal negocio? Claro que no: por el contrario, se robustecerá, por cuanto las gentes los preferirán, y con un argumento incontrovertible: serían mucho más baratos que el transporte legal.

Sin embargo, el fondo del problema es más profundo, pero fácil de encontrar: ¿por qué hay transporte pirata? Porque las gentes necesitan que alguien las lleve y traiga entre el hogar y el trabajo, especialmente si se trata de habitantes de los barrios más apartados o si es de noche.

Esto no lo hacen los transportadores a los que se les han entregado las rutas, por razones que van desde la falta de calles adecuadas hasta la ausencia de control oficial para que los buses vayan hasta donde deben ir, pasando por la inseguridad.

Así, es el Estado el responsable, en gran parte de que exista la piratería, y el único que está obligado —y facultado— a aplicar los correctivos y a garantizarles a los cucuteños que alguien los transportará sin atentar contra las normas legales.

Mientras las autoridades no cumplan estrictamente con todas las funciones que les corresponden por ley, seguirán existiendo las causas no solo para asuntos como el de la piratería en el transporte, sino para otros como el inconmensurable caos en las calles céntricas por razón de las nubes de vendedores ilegales, o el del negocio criminal del pimpineo.

El problema es que, por años, ha sido imposible que las autoridades, no solo del Área Metropolitana, sino, y especialmente, de Cúcuta, demuestren la voluntad política necesaria para solucionar tantos asuntos pendientes... Al parecer, pesan mucho más algunos intereses particulares que los de la comunidad.

Y estos intereses también tienen que ver con el transporte público, en torno del cual todo lo que ocurre se recibe con escepticismo por parte de la ciudadanía, y con desconfianza creciente.

Porque si las autoridades consideran que los ciudadanos aceptan como si fuera cierto todo lo que les dicen en relación con supuestos problemas técnicos en la elaboración del eterno censo de taxis, por ejemplo, se equivocan de manera radical. Casi que automáticamente piensan en la corrupción, como razón de que, muchos meses después de iniciado el conteo, no se tenga noticia cierta de cuántos taxis hay en la región.

Desde luego, los transportadores también pecan en materia grave. No olvida Cúcuta que, cuando hace unos años se buscó establecer el pico y placa, taxistas y empresarios protestaron con vehemencia contra la medida. Y, ahora, la protesta es porque la medida se dejó sin vigencia. Y, en esta situación también, las autoridades permiten el mangoneo y el abuso con el pueblo de a pie como formas de presión y de expresión.

Los burócratas son especialistas en esconder la realidad. Pero, en el caso de la piratería, vale la pena hacer un pequeño ejercicio: hay piratas, porque busetas y taxis no van a donde hay que ir. Y no lo hacen, porque no hay calles adecuadas. Y no las hay, porque no hay dinero. Y ¿por qué razones no hay dinero…?