El repugnante y vil delito del secuestro parece estar enseñoreándose en Norte de Santander con toda su carga de dolor y tragedia para sus víctimas y sus agobiados círculos familiares.

No puede ser más preocupante la situación que registran los medios sobre el auge de esta criminal y abominable actividad. Solo en los últimos 20 días, cuatro personas fueron secuestradas en nuestro departamento al parecer por grupos criminales con presuntas vinculaciones al Eln y al reducto del Epl conocido como ´Los Pelusos’. En lo que va del año al menos otras 15 personas fueron víctimas de los secuestradores en Norte de Santander.

Son cifras alarmantes que obligan a exigir al Gobierno Nacional y a las autoridades militares y policiales de la región acciones contundentes y efectivas contra este flagelo. En ninguna otra región del país se sufre tanto el azote del secuestro como nos está ocurriendo en los últimos tiempos. 

Sentimos, además, que estamos solos en esta terrible situación y nos desgarra el alma la sensación de indiferencia de los poderes centrales. Ojalá estemos equivocados.

Ya es hora de que el Gobierno ponga en la raya al Eln y le exija como condición para seguir hablando de paz, que diga si tiene o no responsabilidad en la comisión de los secuestros de los últimos días en Norte de Santander. Y, si tiene secuestrados, que los liberen a todos y pronto.

No puede haber diálogos ni negociaciones con el desgarrador sufrimiento y dolor de los secuestrados y sus familias.

Nadie entiende cómo esta guerrilla habla de paz y deseos de cese bilateral al fuego con motivo de la próxima visita del papa Francisco a Colombia, si tiene en su poder sufriendo cruelmente y contra su voluntad a unas personas que no merecen la terrible pesadilla que están viviendo con los suyos. 

Si son los llamados ‘Pelusos’ los autores de los secuestros, el Gobierno tiene que probar también que los está persiguiendo y combatiendo con todas las herramientas y mecanismos a su alcance,  como con frecuencia lo pregona. Lo mismo si este fenómeno es originado en la delincuencia común.

A las autoridades de la región hay que apoyarlas en las luchas y tareas que viene librando contra el flagelo del secuestro. Y a la Iglesia y a la sociedad civil rogarles que redoblen igualmente sus acciones de solidaridad con las familias de las víctimas. En esto no se puede bajar la guardia para que los secuestradores sepan que las comunidades de Norte de Santander los repudian con energía y rechazan sus acciones criminales.