No es nuevo, eso de alquilarse para actuar como testigo en procesos penales. Ya en los años 50, la figura hacía carrera en los estados judiciales. En Boyacá fue famoso un penalista cuya primera pregunta a quien lo buscaba para contratarlo era si el cliente ponía los testigos o él los ponía, caso este en el que los honorarios eran más elevados.

Hoy hay verdaderos profesionales del testimonio, dispuestos a lo que sea, con tal de generar credibilidad en lo que afirman o niegan. Algunos han ido a la cárcel cuando la Justicia ha descubierto que mintieron. Aunque algunos se sostienen en lo negociado, la norma es que lo que ayer fue en boca de ellos, hoy ya no lo es.

Están preparados para jurar con toda solemnidad que algo fue de un modo o de otro, o que no ocurrió, todo de acuerdo con el interés de quien los compra, o sencillamente cambian su versión si la contraparte les paga mejor. La vehemencia con la que hablen depende de la tarifa pactada.

A ellos no les importa dejar abandonado a su cliente en pleno proceso, para ponerse al servicio de la contraparte y convencer al juez de que su nueva versión de los hechos, totalmente contraria a la inicial, es la verdadera, la real.

Si acaso, como pretexto esgrimen el de que fueron amenazados para afirmar antes todo lo que ahora niegan.

Que algunos terminen muertos en oscuros crímenes, como consecuencia de sus actos, parece no preocuparles a estos delincuentes, que lo son, porque cada vez la presencia de testigos de alquiler es más frecuente en los procesos penales, y con mayor razón si se trata da casos en los que hay involucrados personajes políticos.

Por estos días, el país está conociendo detalles del escándalo surgido con el asesinato de Carlos Enrique Areiza, testigo en un proceso contra el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, y primero a favor de Iván Cepeda en un proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego en favor de este, y finalmente, nuevamente en favor de Cepeda.

Estos testigos hacen de la retractación su deporte favorito.

A Areiza lo asesinaron en Bello. Le ocurrió lo mismo que a otras siete personas que atestiguaron en el caso de Los 12 Apóstoles, una organización paramilitar a la que ha sido vinculado el ganadero Santiago, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado en el mismo proceso.

Hace pocas semanas, el expresidente Uribe fue grabado cuando dialogaba por teléfono con un testigo clave en una investigación de la Corte Suprema de Justicia, precisamente por manipulación de testigos por parte del exmandatario y hoy senador.

En el caso de Areiza, que salió de la cárcel cuatro semanas atrás, la Corte Suprema de Justicia había ordenado brindarle la protección necesaria, pero parece que en este, como en otros casos, la orden oficial no se cumplió.

Ayer mismo, la Sala Penal de la Corte pidió a la Fiscalía General de la Nación “prioridad y rigor en la investigación sobre los hechos y móviles del homicidio”, y se mostró preocupada por la gravedad del crimen.