Una hora en carro o mucho más hay que recorrer desde el corregimiento cucuteño de Palmarito para ir o venir desde la frontera venezolana, bien sea por trochas o pasando por Puerto Santander.

Entonces, la zona rural de Cúcuta es prácticamente un territorio de nadie en donde el Estado no hace presencia las 24 horas, quedando convertida en una área por donde tranquilamente se transportan 8 cadáveres apilados dentro de un vehículo, sin que ni siquiera aparezca alguien en el camino.

Pero si la masacre descubierta el pasado fin de semana, que al parecer se debió a una disputa entre la guerrilla del Eln y la banda criminal de Los Rastrojos, ocurrió del lado colombiano,también ratifica que por allá  no hay ni dios ni ley.

Lo ocurrido en Palmarito nos debe llevar a definir una estrategia especial de todos los órdenes que cubra al sector rural de Cúcuta, pensándolo, incluso, en algo muy parecido a lo establecido por el Gobierno Nacional con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Antes que ideas populistas y politiqueras como la de formar el municipio 41 del departamento, desmembrando de la capital nortesantandereana buena parte de los corregimientos, lo que debe emprenderse es una cruzada para enfrentar los problemas de seguridad y aquellos de carácter económico y social que han ido degenerando hacia una grave situación.

Pudiéramos decir, sin caer en alarmismos, que en Norte de Santander está surgiendo otra gran extensión territorial, con una compilación de hechos muy similares al Catatumbo.

En el campo de la seguridad, el Ejército y la Policía están en mora de instalar batallones, guarniciones o patrullas suficientes para conjurar ese vacío que sirve para que el virus de la inseguridad siga acrecentándose, hasta degenerar en sangrientos hechos como el ocurrido.

Palmarito, para referirnos específicamente al lugar en que fueron dejaron los cuerpos de las personas acribilladas, está afectado por la presencia de los cultivos de coca, la minería ilegal, la tala indiscriminada que implica la deforestación.

También es cierto que hablar de incursiones y de coca por allí, no es  de ahora ni del año pasado. Hay hechos como los sucedidos por ejemplo en 2013, como un ataque a la población y luego la aparición de varias personas muertas que llevaron a llevaron al desplazamiento de 600 habitaantes de Palmarito hacia Cúcuta.

O sea, son siete años desde ese referente y todo ha seguido igual en ese corregimiento que según el alcalde Jairo Yáñez  es la puerta de entrada al Catatumbo, hecho que hace evidente la necesidad de darle un tratamiento especial a todos los kilómetros cuadrados rurales cucuteños, para fortalecerlos desde los puntos de vista económico, social y educativo para erradicar los dañinos males que ha acarreado años de abandono. ¿Estamos en una repetición de la historia?

Una capital de departamento como la nuestra debe vanagloriarse de contar con esa gran área  compuesta por diez corregimientos, que otras ciudades colombianas añorarían tener. Hay que desarrollarla, encaminarla dentro de los planes para que seamos un municipio autosostenible, amigable con el ambiente y generador de riqueza rural apoyando a los campesinos con una política que incluya créditos de fomento, asistencia técnica, garantizar la comercialización, protegerlos de la  competencia ilegal de las importaciones y darles la mano para que sea la despensa del área metropolitana.