Son los guardias, no los visitantes, los que llevan de contrabando celulares a las cárceles. Es para los guardianes un negocio multimillonario en el que estos funcionarios, quizás no todos, cubren un delito con otro, y todos lo saben y callan, incluso los directores.

Si ellos no lo supieran, ¿qué clase de directores serían? Desde luego, surge la pregunta: si lo saben, ¿por qué no actúan? Muchos opinan que el negocio de la telefonía carcelaria alcanza para todos, y esa podría ser una buena razón.

Una muestra de las enormes dimensiones del negocio es lo que los guardias cobran por permitir el ingreso ilegal de un celular: hasta 6 millones de pesos que, multiplicados por los 14 mil aparatos decomisados en las cárceles el año pasado, en verdad son un factor de corrupción generalizado.

Permitir que a un preso le lleven un celular les deja a los guardianes todo un dineral, que se acrecienta muchas veces cuando ellos decomisan los aparatos y cobran más dinero para devolverlos. Eso se llama extorsión, es un delito, debe ser sancionado… pero no lo es. Ni siquiera lo denuncian.

¿Para qué —podrían preguntar—, si extorsión y telefonía carcelarias son, sin duda, dos partes indisolubles de un fenómeno criminal que ya tiene hartos a los colombianos? Porque la que se hace desde la cárcel es la más común de todas las formas de extorsión en Colombia.

De nada ha valido que las autoridades hayan bloqueado las señales de las empresas de celulares en al menos 16 centros carcelarios. Las extorsiones siguen ocurriendo en todo el país. En Cúcuta, por ejemplo, son comunes llamadas desde la cárcel de Picaleña, en el Tolima, una de las más conocidas en esa actividad.

Recientemente, el Gaula desarticuló cuatro bandas que en seis meses llevó a cabo centenares de extorsiones telefónicas desde nueve prisiones, cinco de las cuales están en la lista de las que tienen bloqueadores de señal, precisamente en desarrollo de un plan contra la extorsión.

Si los técnicos de las empresas de telecomunicaciones tienen maneras de bloquear las señales telefónicas, los reclusos tienen las suyas para burlarlas, en un juego de no acabar en el que se mezclan la corrupción, la tecnología obsoleta, los muchos millones de la extorsión y el negocio telefónico dentro de las cárceles.

La prueba de que los bloqueadores no funcionan está en que los celulares siguen entrando a las cárceles, donde la llamada de un minuto cuesta mil pesos y se puede hacer en cualquier momento, de día o de noche y por el tiempo que el recluso necesite.

Una posibilidad de frenar el fenómeno de la extorsión telefónica desde las cárceles y de neutralizar el negocio establecido allí, estaría en el otorgamiento de un contrato a particulares para que presten el servicio telefónico desde la cárcel, con el compromiso de que el contratista deberá bloquear la señal, evitando, claro, en lo posible, causarles perjuicios a los vecinos de las prisiones.

Pero, mientras el negocio sea de las dimensiones que tiene, nada será fácil para el contratista. Para tener derecho a llamar por uno de los teléfonos ilegales, el recluso deberá estar suscrito a una especie de seguro que le cuesta 6 mil pesos mensuales.

Ese dinero, junto con otro (unos 3 mil) que debe pagar por el solo hecho de estar en la cárcel, como el que los dueños de celulares pagan al preso ‘dueño’ del patio (50 mil pesos mensuales), incluye una participación para la guardia.

En Cúcuta, la cárcel tiene bloqueador de señal. Pero, igual, en cualquier momento se puede llamar a un número que esté adentro, y hay comunicación. Y de buena calidad.