Quien resulte elegido como nuevo defensor del Pueblo en Colombia, para los próximos cuatro años, tiene desde ahora una delicada misión que cumplir en Norte de Santander que registra violaciones a los derechos humanos de todos los órdenes, no solamente en los confines del Catatumbo, sino en las propias calles del área metropolitana de Cúcuta.

Al elegido- más allá de si es muy amigo o cercano del Gobierno Nacional- le corresponderá velar y desplegar los esfuerzos que sean necesarios para entablar una acción de gran envergadura frente al desbordamiento de la ‘guerra’ entre actores armados que tiene en estado de crispación a la región.

Desde su misión humanitaria y como órgano del Ministerio Público el nuevo titular de esa institución debería hacerle caer en cuenta a ministerios como el del Interior, sobre la trascendencia de al menos leer y no descartar o desatender las alertas tempranas que se emiten para advertir hechos desestabilizadores como masacres y desplazamientos.

Lo curioso del caso, es que funcionarios de instituciones gubernamentales desde sus oficinas en Bogotá hablan del territorio y de las regiones y de lo importante que es la Colombia profunda o los municipios catatumberos o los corregimientos cucuteños, pero llegado el momento para que actúen preventivamente, no se les escucha y tampoco se les ve.

La  misión para este cuatrienio de la Defensoría tiene que corresponder al de una tarea que sacuda a las fibras del entramado estatal y gubernamental a fin de que no tengamos que esperar hasta la anunciado asesinato masivo o nuevo desarraigo para que proceda a actuar en el territorio con ese mismo ahínco y fuerza con que se les escucha manifestar esta expresión, que pareciera ser más una moda que una parte integral de la política estatal para las regiones.

La Defensoría del Pueblo debería ‘adoptar’ a Norte de Santander, por ejemplo, para que como territorio golpeado por todos los males de la violencia, de la pobreza, de la desigualdad, del desempleo, de la delincuencia, de los cultivos ilícitos, de la presencia de carteles mexicanos, del accionar guerrillero y de las bandas criminales, sea cobijado de manera urgente por una estrategia de todos los órdenes.

Qué mejor que una institución de esta categoría sea la que cumpla un papel semejante al de un hilo conductor para que nada ni nadie se quede por fuera de las determinaciones que deban adoptarse para rescatar al departamento de esa ‘tormenta’ de hechos, que sumados a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, pues hace la vida cada vez menos llevadera para sus habitantes.

Sin querer posar de quejumbrosos por naturaleza, ni mucho menos, nuestra realidad muestra la sensación ciudadana de un alejamiento del Estado frente a los habitantes de esta zona fronteriza, que lo siente cada vez más lejano y que entra en la encrucijada de preferir callar o de dedicarse a su individualidad sin interesarle que su entorno quede amenazado por esa masa de factores de riesgo.

No es clemencia lo que pide Norte de Santander. Lo que reclama es real presencia del Estado con toda la institucionalidad porque lo que está sucediendo en las entrañas de esta región es la prueba de que algo ha fallado y es urgente hacer algo, porque de lo contrario el escenario empeorará con consecuencias catastróficas.