Es el deseo presidencial, que se traduce en una inmediata orden personal que Iván Duque desde Leticia (Amazonas): hay que ahorrar 6 billones de pesos en gastos de funcionamiento del Estado.

Si el aparato burocrático del Estado puede ahorrarse 6 billones de pesos en gastos de funcionamiento, sin que ocurran traumatismos, es decir, sin que nada deje de funcionar, significa que hay un derroche de 6 billones de pesos, que todo ese dineral se está gastando por gastarlo, que todo puede funcionar bien sin esa monstruosa suma de dinero.

El problema es que esos 6 billones, que sin duda se gastan por razón de la corrupción, que lleva a pagar con empleos estatales los favores políticos, no están incluidos en los 50 billones de pesos anuales que se lleva la corrupción en robos y en contratos amañados.

Desde luego que una decisión como la de Duque hay que apoyarla, aunque no sobra pedirle más claridad en torno del alcance de la austeridad que propone y que comenzó a poner en práctica con el recorte en su esquema de seguridad.

¿La orden presidencial obligará a departamentos y a municipios? Y si obliga a estas entidades, ¿se incluyen Norte de Santander y Cúcuta? Ojalá, porque, hasta donde se sabe, al menos en la Alcaldía preparan otro programa como el que, bajo la etiqueta de Programa de Generación de Empleo, que sin duda lo es, el alcalde, César Rojas, entregó en 2016 a la Corporación América Barí (Cambari) para ocupar a 3.500 personas de las más vulnerables de la ciudad.

El contrato costó 18.199 millones de pesos, una fortuna que, al parecer, no alcanzó para pagarles a algunas de las personas que vistieron de amarillo, y sobre lo cual jamás hubo suficiente explicación, ni siquiera para aclarar por qué se contrató en su casi totalidad a los seguidores políticos del exalcalde Ramiro Suárez.

Hay indigentes que ni siquiera se dieron cuenta de que estaban dándoles un empleo temporal a las personas más vulnerables de la ciudad, o sea, a ellos, los que nada tienen.

Pues el paquete que dicen que se prepara en la Alcaldía es parecido.

Y si la orden presidencial también obliga a Cúcuta, pues en ese caso no solo la apoyamos sino que la aplaudimos. Porque si, desde hace meses, se argumenta un déficit —como en realidad existe— para no hacer lo que una Alcaldía tiene que hacer, la ciudad se podría estar ahorrando al menos 12.000 millones de pesos. Al menos, porque, como es frecuente, esa cifra es reajustada luego, sin explicaciones.

Y no habría disculpa para no tapar los miles de huecos de las calles, de los cuales oímos quejas reiteradas todos los días de la ciudadanía.

La directiva presidencial debería incluir instrucciones ineludibles para que las entidades locales y regionales cobren lo que les deben. En el caso de Cúcuta, por ejemplo, aún se cree que aliviándoles la deuda a los morosos de los impuestos se superan problemas como la elusión y la evasión.

El camino es cobrarles, por todas las vías legales posibles, y hacerlo sin las excepciones que en algunos casos se acostumbran. Y si hay que llegar al embargo y al remate de bienes, pues se llega, pero no se puede tolerar el hecho de que solo unos cuantos paguen impuestos y contribuciones.