Si no fuera el representante Álvaro Prada, sería fácil creerle lo que afirma en relación con el mico que incluyó en el proyecto de ley del Gobierno de ampliar por cuatro años más la ley de orden público sobre la que se sustentan los acuerdos de paz de La Habana y otros que puedan surgir, con el Eln, por ejemplo.

Pero se trata de uno de los más acérrimos enemigos de los acuerdos de Cuba con las Farc, vinculado, además, a un proceso por manipulación de testigos en el cual figura el senador Álvaro Uribe Vélez, su jefe político y máximo líder del partido Centro Democrático.

A Prada le correspondió ser ponente del proyecto, situación que aprovechó, a espaldas del Congreso, para incluir una norma que prácticamente dinamita los acuerdos, pues faculta al presidente para reactivar anuladas órdenes de captura contra dirigentes del partido Farc.

Fue a espaldas del Congreso, porque el proyecto salió de las comisiones respectivas en el Senado y en la Cámara sin las 10 adiciones que el congresista huilense añadió, y de ello dio fe durante entrevista radial la ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

El problema está en que el proyecto de ley, incluido el paquete de micos de Prada, fue aprobado por la Cámara en una votación en la que, por premura, casi a pupitrazo votaron 119 representantes a favor y 20 en contra, con el agravante de que a los congresistas de la oposición no les permitieron intervenir, según una denuncia de la representante Juanita  Goebertus, del Partido Verde. Esto podría ser indicativo de que en el plan no estaba solo Prada.

Según la idea de Prada, en cualquier momento el presidente de la república “podrá solicitar a la autoridad correspondiente de la jurisdicción ordinaria reactivar las órdenes de captura que se hayan suspendido en virtud de la presente ley”. Y esas órdenes se refieren exclusivamente a toda la cúpula de las extinguidas Farc...

El añadido de Prada también indica que los miembros de organizaciones armadas al margen de la ley a los que se les levante la suspensión de la orden de captura tendrán un plazo de 30 días para presentarse voluntariamente ante la Jurisdicción Especial de Paz (Jep). Si no lo hacen, las autoridades de la justicia ordinaria darán cumplimiento a la captura y los pondrán a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz, que tendrá toda la competencia para definir su situación en el plazo máximo de 90 días.

Por fortuna, el embuchado se detectó a tiempo y pueden corregirlo. Pero, si no, hubiera seguido su camino y, en el momento menos esperado, el presidente de la República hubiera tenido en la mano todo el poder para borrar de un trazo, todo el proceso con las Farc y para abrirle de nuevo el paso al conflicto.

Y todo, por la insistencia de un político que no soporta que el Gobierno que se fue haya logrado lo que otros no, y que el pueblo le hubiera dado el respaldo que a otros ha faltado para revivir la guerra. Que ahora Prada diga que la norma es solo para disidentes es un buen modo de sacarle el cuerpo a la responsabilidad que le cabe por pretender traicionar el sentimiento nacional.