¿Quiénes son los responsables? Y ¿si los descubren, qué les ocurrirá? Esas dos preguntas quedaron rondando en el ambiente, luego de que finalmente se comprobara que sí hubo trampa en una parte del concurso docente para proveer las 852 plazas de maestros en el Catatumbo, confirmándose la filtración de la cartilla para la prueba de conocimiento, en primaria. 

Como si la situación de aquella convulsionada zona de Norte de Santander ya no fuera lo suficientemente delicada en materia de orden público, ahora se le vino encima este problema que bien pudiera tener de trasfondo alguna manipulación para lograr la asignación allí de profesores ajenos a la región para después provocar los famosos traslados alegando amenazas o situaciones similares.

La Fiscalía General de la Nación tiene ahí una misión esencial a cumplir, para que mediante sus especialistas en informática y demás sabuesos investigadores, ir tras la pista de quienes trataron de torcer este concurso dando a conocer, un día antes, unos documentos que contenían las preguntas que se iban a aplicar, dándole una ventaja a los que tuvieron acceso a esos datos obtenidos de manera ilegal.

Es indudable que la Universidad Nacional de Colombia debe prestarles toda la colaboración a las autoridades judiciales para desenmarañar este entramado que se montó alrededor del mecanismo para evaluar los conocimientos de quienes aspiraban a tener esas plazas docentes en los municipios catatumberos. 

De por medio está, incluso, su propia idoneidad y el mantenimiento del prestigio que se ha ganado por años de ser una de las mejores instituciones de educación superior en el país, el cual no puede darse el lujo de perder o de quedar desdibujado como consecuencia de un grave hecho de corrupción, en cuya develación también debe entrar a actuar la Procuraduría General de la Nación, para aplicar las sanciones disciplinarias a que haya lugar.

Y a los jueces de la República les corresponderá aquí aplicar todo el peso de la ley contra los que sean señalados y luego enjuiciados como responsables de aquella filtración de los cuadernillos que también afectó a otras zonas de conflicto en Colombia, porque nadie entendería que un hecho como el denunciado y descubierto se quede solo en titulares de prensa o en decisiones administrativas.

Cuando la sal se está corrompiendo, las acciones para conjurar los problemas requieren de posiciones inflexibles porque de lo contrario el arrasamiento moral y ético sería incontenible, puesto que permitir que la misión de garantizar la permanencia de educadores en áreas vulnerables se infecte por el germen de la corruptela, además de enviar un mensaje equivocado a la sociedad de que todo vale para llegar a donde nos hemos propuesto, también pondría en duda la capacidad de quienes así ganen.

Por fortuna el escándalo que se desató arrojó los primeros resultados, pero faltan muchos más y que este asunto sirva de ejemplo para blindar futuras convocatorias de esa naturaleza, especialmente en el ámbito educativo, donde se supone que debe brillar la honradez puesto que se trata de una tarea conducente a garantizar el sagrado derecho constitucional de la educación a la niñez y a la juventud. ¡Pero esa no es la forma!