Jugando con las frases que se inventan en las campañas de toda índole, Colombia parece estar convirtiéndose en tierra de promisión para quienes tienen en la corruptela una forma de vivir y de llenar sus arcas, porque por laxitud o acción no comprometida con la patria que se ha jurado defender, la justicia les ha dado la llave maestra convertida en vencimiento de términos, para abrir las rejas y disfrutar de la libertad a sus anchas. Por eso, sin lugar a dudas, en ese escenario ‘ser corrupto paga’.

Da grima ver a la vicepresidenta anunciando dizque planes en la reciente fecha que se celebró el Día nacional de la lucha contra la corrupción, que quedaron sepultadas por la reciente ocurrencia de aberrantes hechos que levantaron la cortina de la impunidad sobre los escándalos del ‘Cartel de la Toga’, Interbolsa, Saludcoop y Reficar.

En los tres, las celdas quedaron vacías y sus protagonistas, muy tiesos y muy majos, andan orondos como si nada hubiera pasado, mientras que el ciudadano de a pie no se explica cómo estos personajes de cuello blanco andan sueltos y en cambio a personas que por robarse de un supermercado un caldo en cubos o cualquier otro alimento, sí los condenan y llevan a prisión.

Ya son tantos casos en que los señalados son favorecidos por el Código de Procedimiento Penal, en cuanto a que, superados los 240 días de privación de la libertad sin que se hubiese iniciado el juicio, se debe decretar la libertad o porque pasados 180 días no se deja en firme el llamado a la etapa de juicio, que bien podría pensarse en reformarlo para estos casos.

Pero cuando se hacen las propuestas de reformas en esta materia de una vez salta a la memoria lo ocurrido en el Congreso de la República cuando se intentó abolir la casa por cárcel para los corruptos, que se hundió en medio de una serie de maniobras cuestionadas en su momento.

¿Entonces qué queda por hacer? Por lo visto muy poco. Lamentablemente todo conjura en contra de la sociedad y en favor de los involucrados en esa acciones no santas como en la Refinería de Cartagena, que costó 8.016 millones de dólares, más del doble de los 3.777 millones de dólares presupuestados. Este escándalo fue considerado, en su momento por el exfiscal Néstor Humberto Martínez, como “el caso de corrupción más grave en los 200 años de historia de Colombia”.

Y en este multimillonario hecho, de nada sirvió esa caracterización, porque un juez ordenó la libertad del expresidente de Reficar,  Reyes Reinoso, saben ¿por qué?, porque la Fiscalía nunca dejó en firme su llamamiento a juicio.

Ya de nada valen las investigaciones exhaustivas ni las acciones interdisciplinarias ni los bloques de búsqueda, porque al final del día, hay felicidad en casa de los implicados y desazón entre los colombianos que asombrados asisten a este espectáculo generador de desconfianza en las instituciones, descalificador de la plena y eficaz administración de justicia e indicador de que nuestra sociedad requiere un sacudón para que todos, desde sus posiciones de comando o cargos asignados, cumplan la misión encomendada, al amparo de la Constitución y la Ley y no del Dios dinero o las triquiñuelas para favorecer a unos pocos y castigar a las mayorías. Las rejas deben abrirse pero para encerrar a los corruptos y no para dejarlos ir.