Hacer de alcalde, pero transferir algunas responsabilidades al gobierno nacional, las más críticas y apremiantes, podría ser buena táctica. Por ahora, la idea está en etapa de ensayo. Y Cúcuta es el escenario de la prueba piloto.

Incapaz de solucionar el acucioso problema de los pimpineros, a los que desapareció de las calles durante el tiempo que duraron sus palabras en el aire, el alcalde César Rojas pretende que el gobierno nacional haga lo que tiene que hacer él: acabar con el asunto de una vez por todas.

Si tiene que acudir a actos demagógicos como el que quitarles, con sus propias manos, las cadenas con las que unos pimpineros se ataron a las rejas de la alcaldía, pues que lo haga. Pero que actúe, que no eluda los problemas ni espere que de Bogotá le lleguen las soluciones.

Si bien es cierto que el gobierno nacional se comprometió a colocar unos recursos para la reconversión de los pimpineros, recursos que en buena parte se adjudicaron en los últimos dos años, sin mayores resultados por lo que se ve,  al parecer se necesitan otras acciones para tratar de solucionar este problema de la ciudad.

Debería ser consciente de que lanzar a voz en cuello un conjuro que los haga invisibles a su cerebro no es suficiente para que también desaparezcan de las calles cientos de pimpineros que tienen en entredicho su gestión de solo mes y medio.

Los pimpineros siguen ahí, donde siempre han estado, desempeñando la misma actividad ilegal a la que han dedicado mucho tiempo, y poniendo en duda la eficacia de los controles de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la alcaldía.

Si el municipio dispone de un presupuesto cercano al billón de pesos, es dable pensar que haya un rubro destinado a solucionar el problema de los vendedores ilegales de combustibles.

¿O será que en el plan de gobierno, con el cual se hizo elegir Rojas, no hay al menos unas pocas líneas respecto de un problema local de tantos años? ¿Qué otras situaciones graves de Cúcuta se le habrán quedado por fuera de su programa al acalde y a su mentor?

Problemas como el de Transmilenio, que han sembrado caos y violencia nada menos que en la capital del país y sede del gobierno, no han sido usados por el alcalde Enrique Peñalosa para transferir a la Nación la responsabilidad de las soluciones. Él es el alcalde y sabe que es quien debe enfrentar el lío.

Tampoco Federico Gutiérrez se ha echado a la pena en espera de que en Bogotá le solucionen los problemas de violencia en las comunas de Medellín. Los dos, Peñalosa y Gutiérrez, como otros más de mil alcaldes de todo el país, saben a la perfección que los eligieron para que enfrenten los problemas y los solucionen, no para que los esquiven y se los endosen a otros.

En Cúcuta, parece ser diferente. En ese sentido, quizás sea oportuno que la ciudadanía comience a preocuparse, porque asuntos como la ocupación del espacio público por toda clase de abusadores, la invasión de terrenos, el caos de los motociclistas, la congestión en horas pico en los colegios, el no pago de impuestos locales, el desperdicio de agua, la violación de normas urbanísticas y la informalidad, entre otros problemas, no serán solucionados. Se pedirá que Bogotá lo haga, y de allá responderán que se solucionen acá, pues para eso se eligió un alcalde.

Al alcalde le conviene más dejar el populismo y la demagogia de destrozar cadenas, y dedicarse a pensar cómo se va a hacer hacer lo que de verdad tiene que hacer: cumplir el compromiso que estableció con Cúcuta y con los electores que le otorgaron el poder.

Y a Cúcuta le conviene que su alcalde no administre con el deseo, sino con planes concretos, para que mañana no resulte con que la multitud en la avenida sexta es de compradores, y no de vendedores de cuanto hay, porque ellos desaparecieron.