En todos los países, los gobiernos les tienen terror a los contribuyentes: disgustados, pueden aniquilar cualquier campaña electoral. Desde luego, esos ciudadanos vigilan hasta el último centavo de sus impuestos, a pesar de que tienen casi la certeza de que serán bien invertidos.

Allá, a los contribuyentes, en especial a los más grandes, les duele el dinero con el que sostienen el Estado.

Esa es una actitud que contrasta con la cultura colombiana de protestar contra todo lo que signifique contribuir con el Estado, pagar a regañadientes… y olvidarse de todo hasta el año siguiente. Muy pocos se preocupan por vigilar el manejo de ese dinero público.

Esta falta de interés, de vigilancia y de control ha sido una de las causas que ha llevado a que la corrupción se lleve 50 billones de pesos (4 por ciento del Producto Interno Bruto) cada año. Otras causas son la impunidad, la violencia, etcétera.

En este sentido, llama la atención, y mucho, la decisión del Comité Intergremial de Norte de Santander, de crear un comité de veeduría permanente del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cúcuta, sobre el cual se cierne una amenazante nube negra de sospecha de que algunas cosas al parecer no están sometidas al mandato de la ley y al rigor de la ética.

Deben saber los empresarios que luchar contra la corrupción, contra la que algunos de ustedes quizás hayan tenido que enfocar sus esfuerzos, tiene muchos frentes, en los que hay necesidad de múltiples acciones, todas muy importantes y eficaces.

Pero tal vez ninguna acción ciudadana es tan poderosa y temida como la vigilancia permanente e in situ de las ejecuciones de contratos, del desarrollo de proyectos, de la formulación de políticas.

No es lo mismo un líder comunal convertido en veedor ocasional y solitario de una inversión oficial, que un grupo de empresarios (y ojalá de académicos) en la misma tarea, pero sistemática, permanente, rigurosa, sin concesiones, con toda la autoridad para señalar las eventuales irregularidades.

No es lo mismo ese líder comunal amedrentado e incluso amenazado de muerte por husmear donde no lo quieren, que una organización poderosa, como el comité empresarial, que no se arredra ni ante las peores presiones surgidas de la sombra.

Ojalá esa vigilancia del POT se hiciera extensiva a todos los contratos del Estado en la región, a todas las acciones de los administradores del tesoro público: el beneficio sería enorme y general, tanto para la sociedad como para quienes pagan impuestos, y la moralidad tendría cómo imponerse en las oficinas públicas.

Cuando el río suena, piedras lleva, dicen, y por todas partes la palabra corrupción es de uso permanente para referirse a la administración pública local, regional y nacional. Los empresarios tendrán ahora la ocasión propicia para confirmar si el río suena por algo más.

Quienes tuvieron la idea de crear la veeduría debieron tener razones poderosas para su decisión de materializarla, de estar encima de los ejecutores, de preguntar y preguntar por detalles, de informarle a la comunidad de todo lo que pasa.

Quizás ustedes, empresarios, no lo pensaron así, pero deben ejercer esos controles con todo el rigor posible: el dinero que piensan vigilar es mayoritariamente el de ustedes…