Cúcuta y Norte de Santander no pueden resultar pagando los platos rotos de que la gasolina subsidiada se ‘evapore’,  bien porque siga la ruta de las trochas hacia Venezuela o se vaya a alimentar los laboratorios para la producción de cocaína en el Catatumbo, cuestión que creemos menos probable. 

Esta práctica ilegal tiene que ser cortada de raíz por las autoridades nacionales y locales con medidas contundentes y sin miramientos, porque de lo contrario varias plagas más nos esperan: desabastecimiento,  mercado negro a precios impagables y una cascada inflacionaria que se abatirá sobre la maltrecha economía.

En los 164 kilómetros de extensión de la frontera entre Norte de Santander y el estado Táchira debe aplicarse una especie de ‘plan candado’ por parte de la Policía Fiscal Aduanera en conjunto con el Ejército para cerrarles el paso a las mafias contrabandistas que ahora vieron en la crisis de hidrocarburos el gran negocio para llevarse la gasolina nuestra sin importarles las consecuencias.

Paralelamente,  los alcaldes del área metropolitana, en especial el de Cúcuta, durante el tiempo que dure la amenaza,  están en la obligación de entrar a regular la comercialización de combustibles, fijando topes a la venta de gasolina en las estaciones de servicio o restringiendo la regularidad para el tanqueo.

Estrechar y hacer severa la vigilancia -ya sea con retenes,  patrullajes y labores de inteligencia-la vía Cúcuta-Tibú, pero también la conexión que hay por los corregimientos cucuteños hacia el Catatumbo, para cortarle el camino de los hidrocarburos extraídos ilegalmente para llevarlos a Venezuela por Casigua-El Cubo, para venderla en las estaciones dolarizadas,  en el estado Zulia. 

Uno de los boquetes puede estar ahí porque ya se conoció que el gobernador de ese estado venezolano autorizó a los dueños de estaciones “premium” a importar gasolina.  

Los propietarios de los vehículos del parque automotor en Norte de Santander no pueden llegar a ser golpeados en sus bolsillos por culpa de esta acción delincuencial y por la débil actuación de las autoridades que no puede limitarse a poner un policía en cada gasolinera.

El Ministerio de Minas no puede simplemente llegar a decir que si continúan esas fugas simplemente se acabará el beneficio del precio diferencial para la frontera,  porque una solución de estas seria como ‘apagar con gasolina la candela’.

Cuidar los 10,5 millones de galones mensuales de combustible subsidiado es una obligación soberana y una operación para cuidar la economía local,  pues resulta contraproducente que de golpe pasemos de pagar el galón de $6.500 a más de $8.000, y menos en estos momentos con la economía golpeada por la pandemia. 

Aquí el Gobierno Nacional está obligado a no dejar sola a la frontera con este nuevo lío, porque es a él a quien le corresponde la aplicación de las medidas anticontrabando sin miramientos. 

Para que la vista gorda no impere, es indispensable el compromiso de la Policía para blindarse contra la corrupción que esa economía ilegal del trafico de mercancías genera en fronteras tan porosas como la colombo-venezolana, puesto que en este caso lo que están traficando esas organizaciones al margen de la ley,  es un elemento de primera necesidad

Y para cerrar surgen preguntas sobre ¿por qué se acaba tan rápido si por ejemplo los vehículos de transporte escolar no están en operación? 

¿Por qué siguen circulando -violando todas las normas- carros de placa venezolana que no cumplieron con el registro y estarían siendo usados para contrabandear la gasolina de los nortesantandereanos hacia el vecino país?