Se acabó el abuso, se acabaron los atropellos ley en mano. Ojalá con ellos se terminen la soberbia de los alcaldes y la fetidez que rodeó y rodea todos los contratos de concesión de las fotomultas, verdaderos asaltos a manos de los municipios. A manos del Estado…

El Congreso aprobó un proyecto de ley que les pone punto final a las arbitrariedades que se venían cometiendo con los esperpentos llamados contratos de concesión de servicios de tránsito o de muchas maneras más, todas, solo simples maneras de disfrazar atropellos contra los automovilistas.

El abuso del sistema comenzaba, por ejemplo en Villa del Rosario y Los Patios, en el control de velocidad de los autos por parte de los alcaldes, en vía de carácter nacional, como lo son la Autopista Internacional y la Autopista Cúcuta-Pamplona, en las que es autoridad solamente la Nación.

Los alcaldes y los concesionarios estaban actuando como los vendedores ambulantes de sus pueblos: haciendo un muy buen negocio en terreno ajeno.

Seguía con la fotomulta, una fotografía que cuesta 180 pesos, pero que al conductor le representa 368 mil 850 pesos que, en el caso de estos municipios, tenía que pagar sí o sí, porque no tenía derecho a defenderse. Lo más aberrante es que de cada multa les significaba a los concesionarios echar al bolsillo 295 mil 80 pesos al uno, y 212 mil 310 pesos, al otro. Y lo poco que sobraba, iba a las arcas municipales.

Los mismos congresistas ponentes del proyecto, Mauricio Aguilar y Antonio Guerra, consideran que “la atribución de posibles infracciones teniendo la fotografía como medio de prueba ha llegado a ser un negocio en el que las autoridades de las diferentes entidades territoriales realizan contratos de concesión a particulares”.

¿Cómo se llegó a este tipo de concesiones que en realidad eran un negocio increíble para las empresas que ganaron las licitaciones? En los casos de Villa del Rosario y Los Patios, los alcaldes actuales no tienen nada que ver. Se encontraron con hechos cumplidos, aunque al menos debieron intentar la anulación de los contratos. Pero, ¿y los pasados, es decir, Carlos Socha y Orlando Sandoval, por qué nunca han explicado qué hicieron?

El secretismo con el que se manejaron esas licitaciones es una de las causas para que, en muchos sectores, se relacionen los contratos de fotomultas con la corrupción. Es que, de verdad, un contrato leonino como cualquiera de estos solo da para pensar en esa posibilidad.

Ahora, al menos ya se sabe que solo la Agencia Nacional de Seguridad Vial es el único organismo autorizado para aprobar fotomultas en el país. Ya no más alcaldes. Ya no más la soberbia que esgrimían cuando se trataba de estos asuntos. Terminaron los atropellos.

Y, en el caso de Cúcuta, donde se resisten a llamar fotomultas a las fotomultas que contemplaba su proyecto, tendrán que someterse a la ley nueva en todas sus partes. De nada había servido el llamado de la Procuraduría para que aplazaran el proceso licitatorio hasta conocer la ley. Siguieron adelante.

Ya saben que no pueden contratar abusadores privados, y que fotodetección, como prefieren llamarla, o fotomulta, son un mismo atropello.