Santurbán, que es una fábrica de agua y de diversidad que comparten Norte de Santander y Santander, debe de ser un asunto de altísima prioridad para el gobierno del presidente Iván Duque y el ministerio de Ambiente a cargo de Ricardo Lozano, porque sería lamentable que en el futuro –que puede estar a la vuelta de la esquina- comencemos a padecer de desplazamientos por la desaparición o contaminación de las fuentes hídricas.

En el campo de la discusión hay pruebas de que este páramo y su suerte, que es la suerte de los humanos que residen en sus zonas de influencia, no se encuentra en la primera línea de asuntos urgentes y trascendentes, porque hasta el Tribunal Administrativo de Santander le abrió un incidente de desacato a Lozano por el muy lento proceso para la nueva delimitación.

Es razonable la inquietud expuesta por la Procuraduría para Asuntos Ambientales y la defensora delegada para asuntos colectivos, que descubrieron parálisis, falta de claridad y poco tiempo, que al delimitar podrían hacer que la debilidad contagie los programas de reconversión y de sustitución de actividades productivas, los mecanismos de fiscalización, las directrices sobre fuentes hídricas y el modelo de financiación.

Como se ve, la nueva delimitación cuyo plazo vence el 16 de julio es fundamental, además, porque hay situaciones como la existencia de 156 unidades productivas mineras detectadas por la Procuraduría y la Defensoría, de las cuales 44 aparecen en el área de páramo que se delimitó por la Resolución 20190 de 2014.

Y mientras el titular de la cartera de Ambiente le explica a la justicia lo ocurrido y los avances del cronograma trazado,  el presidente de la Veeduría Todos somos Santurbán, Freddy Maldonado, afirmó que el Ministerio de Ambiente no tiene una propuesta sólida, lo cual contrasta con el pedido de espíritu propositivo que hiciera Lozano, en Cácota, el pasado 26 de febrero.

Y como se expuso en el informe publicado el domingo por La Opinión, en Santurbán es indispensable un real inventario de los títulos mineros vigentes, para saber a qué atenerse en cuanto a la conservación de ese territorio paramuno (localizado en un 73% en Norte de Santander y  27% en Santander), porque mientras la Agencia Nacional de Minería reporta que hay 24 vigentes, la Procuraduría identificó 39. ¿A qué se debe esa diferencia? ¿Los 15 títulos de diferencia a qué obedecen? Ese es un asunto de no poca monta, porque la minería sin las regulaciones o controles o límites, es un factor que genera daños a ríos, quebradas y nacientes, al igual que a la fauna y la flora.

Lo que Santurbán necesita es un compromiso de todos, el trabajo permanente del Ministerio de Ambiente, la acción decidida para determinar que el derecho a contar con agua y el deber a preservar y conservar el recurso hídrico están por encima de las ganancias que las empresas mineras se lleven por la extracción y las regalías que se generen, porque al pasar las cuentas al balance surgirá la disyuntiva de explotar para ganar dinero o conservar para garantizar la supervivencia del hombre y las demás especies.