Llegó octubre, lo cual significa que estamos a solo 25 días para que se abran las urnas y en Colombia los votantes vayan a elegir 32 gobernadores, 1.101 alcaldes, 12.063 concejales, 418 diputados y 6.814 ediles, de acuerdo con las cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Los que obtengan el respaldo popular, serán quienes lleven las riendas del poder local y regional a lo largo del periodo 2020-2023, existiendo una gran expectativa por esa lucha que se libre en los comicios entre las coaliciones, los grupos significativos de ciudadanos, los partidos tradicionales y los de oposición.

Pero como consecuencia del recrudecimiento de la alteración del orden público y las consabidas maniobras tendientes a conseguir el triunfo a costa de debilitar la democracia con maniobras fraudulentas y de constreñimiento, las alarmas no cesan de sonar en departamentos como Norte de Santander, ante esas amenazas evidentes.

En la más reciente evaluación elaborada por la Misión de Observación Electoral (MOE) se advierte que en Antioquia,  Cauca, Córdoba, Chocó, Nariño, Norte de Santander y  Arauca es donde más existe la posibilidad de que los candidatos sean atacados por el desempeño de su actividad política. Esto es muy grave.

Aquí, infortunadamente, ya tenemos un aspirante asesinado, como lo fue Bernardo Betancurt, quien aspiraba a la Alcaldía de Tibú, mientras que a otros les han advertido que tienen zonas vedadas donde no pueden ir, como consecuencias de las amenazas contra ellos. Equivale lo anterior a una acción intimidatoria que a todas luces riñe con el derecho ciudadano a elegir y ser elegido de manera libre y soberana.

Porque las amenazas, los asesinatos y el impedimento para que los aspirantes vayan a determinados lugares a exponer las propuestas a los potenciales votantes, equivale a ponerle un peligroso detonante al desarrollo de la campaña y a las elecciones mismas, puesto que el miedo y la intimidación puede degenerar en altos niveles de abstención o a resultar eligiendo a quienes ni siquiera tienen al desarrollo local en sus metas, sino el favorecimiento a determinados grupos, para apropiarse los recursos locales.

Como se ve, la violencia se convierte en otro elemento favorecedor de los corruptos que se mimetizan, mutan y saben acondicionarse a las nuevas circunstancias, por extremamente peligrosas que parezcan, puesto que su interés último es mantener directa o indirectamente el poder en las regiones, con los jugosos beneficios económicos y electoreros que ahí derivan.

La otra gran inquietud que se salta cada vez más, se refiere al fraude, con notificaciones muy puntuales como por ejemplo que podría llegar a suceder en Puerto Santander, localidad fronteriza en la que se anuló la inscripción de 1.400 cédulas, ante una altísima probabilidad de trasteo de votos.

Un aspecto que debe ser motivo de alerta y de un despliegue investigativo y de vigilancia por parte de organismos como la Fiscalía y de atención por parte de las mismas veedurías ciudadanas, fue lo anotado por la MOE de que no han aumentado los municipios con riesgo de fraude y manipulación electoral, sino que se están concentrando en zonas muy específicas y con un impacto más localizado.

Como se ve, los nubarrones siguen perturbando las jornadas electorales colombianas, las cuales ya deberían estar exentas de esta clase de riesgos, porque de lo contrario el debilitamiento democrático podría llegar a situaciones de riesgo para la institucionalidad.