De tiempo atrás están definidas las disposiciones preventivas de planeación para los asentamientos de la población tanto en las áreas urbanas como rurales. Esto tiene que ver con el crecimiento de la ciudad con condiciones que garanticen su seguridad en los distintos aspectos.

Sin embargo, no siempre se cumplen las disposiciones o no se cuenta con los mecanismos para que sean efectivas o para hacerlas cumplir.

Muchas veces las entidades de regulación de las obras ejecutadas, para satisfacer necesidades básicas de los habitantes de diferentes asentamientos, son permisivas con la omisión de normas que exigen riguroso cumplimiento.

También se dan los casos de imprevisión, como no atender recomendaciones orientadas a evitar situaciones que pueden sobrevenir cuando no se aplica con puntualidad lo dispuesto para evitar emergencias.

La proliferación de invasiones en predios que no garantizan seguridad a quienes los habitan se ha vuelto corriente ante la despreocupación de las autoridades a ese respecto, porque se admiten esos movimientos irregulares, o porque no se satisfacen las carencias de los que necesitan vivienda en condiciones normales.

Por la falta de los controles que deben tener puntual aplicación o por no tomar en cuenta riesgos que se han identificado con tiempo, la naturaleza pasa cuentas de cobro de alto impacto en cualquier momento durante sus ciclos de alteración. Y en esas estamos, sin lugar a consolaciones engañosas.

La precipitación de intensas lluvias o los prolongados  periodos de sequía ponen al descubierto las debilidades de conglomerados asentados en espacios subnormales, muchas veces advertidos. Los deslizamientos de tierras y las inundaciones por las lluvias o las crecientes de los ríos causan hasta tragedias devastadoras. Otros fenómenos tormentosos como lo sucedido en el Caribe y que destruyó en Colombia las poblaciones del entorno de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina provocan arrasamientos totales y se convierten en una tragedia generalizada con víctimas reducidas a la absoluta ruina.

La temporada de lluvias de los últimos días ha creado en Colombia una situación de preocupante emergencia. A la pandemia de la COVID-19 se suma ese hecho de tan devastador impacto. Queda al descubierto una vulnerabilidad extendida, desgarradora y dolorosa, cuyas consecuencias económicas y sociales tienden a agravarse y, por consiguiente, requieren que el Gobierno Nacional actúe con prontitud y con acierto para que la recuperación no se convierta en un rosario de promesas fantasiosas.

El peso de esta ola invernal agrava la situación económica y social de Colombia. Para superarla se requieren recursos especiales y esto debe tomarse en cuenta con las previsiones correspondientes. Es posible que la ayuda de la comunidad internacional represente un aporte de mitigación, pero tiene que ser la Nación la que marque la pauta con un plan coherente en el cual se tomen en cuenta a todas las regiones afectadas, entre estas Cúcuta y Norte de Santander.

Esta debe ser también una oportunidad para proceder en concordancia con las experiencias acumuladas. Las administraciones regionales y locales son actores indispensables del proceso de recuperación que sigue. Están llamadas a velar por el mejoramiento de sus territorios mediante el cumplimiento de las políticas de protección ambiental y de seguridad en las construcciones habitacionales, a fin de que en los períodos de precipitación invernal o de huracanes se puedan tener defensas de mejor consistencia. Es prepararse contra la recurrencia desastrosa.