La posibilidad de hacer historia, es decir, de dejar para la posteridad actos y obras que obliguen a los ciudadanos a recordarlo con respeto es inherente al cargo de presidente de la República. En ese sentido, es obvio esperar del elegido que escriba la historia parcial de su época.

Desde luego, hay otras maneras de hacer historia, de pasar a ser parte de ella. Nicolás Maduro, por ejemplo, pasó ya a la historia, no solo venezolana, por la enorme cantidad de sandeces que dice cada vez que está ante un micrófono, el interminable rosario de ocurrencias, tonterías, imprecisiones, incongruencias e incoherencias y ridiculeces, y por su desfachatez para quedarse tan tranquilo.

Sin llegar a los extremos de Maduro, en Colombia podríamos estar ante la posibilidad de que el Gobierno del presidente Duque pase a la historia por todas las equivocaciones, errores y ligerezas de algunos altos funcionarios.

Antes que nada, de un presidente de la República se espera que no se las sepa todas en todo, es lógico, pero también, que sepa rodearse de quienes saben. Y en esto falla el presidente Iván Duque. En al menos cuatro oportunidades, el mandatario y su Gobierno han quedado mal ante la opinión pública, por razones que tienen que ver con la falta de asesoría.

La primera ocurrió en Cúcuta, cuando el canciller, Carlos Trujillo, asintió ante la afirmación del secretario general de la Oea, Luis Almagro, cuando admitió la posibilidad de acudir a la vía armada para reemplazar a Maduro en Venezuela.

La segunda, nuevamente a cargo de Trujillo, sucedió cuando el Grupo de Lima se pronunció contra la intervención militar admitida por Almagro, y de los 14 países, tres no firmaron, entre ellos Colombia.

Luego, en Washington, el embajador Francisco Santos escribió una insólita carta a la División Criminal del Departamento (Ministerio) de Justicia, pidiéndole libertad para Andrés Felipe Arias, preso por mandato de un juez de Florida, que teme que el reo huya.

Santos —en realidad, el Gobierno de Duque— ignoró de plano uno de los fundamentos básicos de la democracia estadounidense: la separación absoluta de los poderes. Una cosa es el Departamento de Justicia, organismo del Ejecutivo y bajo órdenes del presidente Donald Trump, y otra, muy diferente, el servicio de Justicia, que depende de la Suprema Corte. Jamás un poder ha interferido con otro, como lo pretendió Duque a través de la carta de Santos, que debería estar enterado de cómo funciona el Gobierno ante el cual actúa.

Y, el caso más reciente, protagonizado por el propio Duque, cuando, en el saludo al secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, habló del “apoyo crucial” de los padres fundadores de Estados Unidos para lograr la independencia colombiana de España. Duque lo hizo para informar al visitante de que, este año, se cumplen 200 años de independencia colombiana.

No hay una sola evidencia de ese “apoyo crucial”. Por el contrario, existen documentos en los que se demuestra la decisión de ese país de no intervenir. Sin duda, Duque habló con datos que le debió pasar alguno de sus tantos asesores.

El hecho es que ahora hay una doble posibilidad: aceptar que Duque erró, por un lado, o reescribir una historia con base en falsedades, por otro, y, para ser sinceros, no hay duda de que todo queda mejor si se acepta la primera vía.