El Estado no parece tener la menor idea de cuánto cuestan tantos accidentes generados por el mal uso de las motocicletas.
Realidad apabullante
No hay nada qué hacer, y hay que hacer mucho. En el tiempo aproximado en que usted leyó el título de esta nota y terminó el primer párrafo, una motocicleta nueva salió de la tienda a las calles de Colombia: el ritmo es de una máquina cada 63 segundos, sin importar ni su cilindraje ni su color ni su precio… ni su aporte a la movilidad. Desde luego, teniendo en cuenta solo las 12 horas diurnas.
Es el signo de los tiempos: el mundo se mueve hoy más que nunca, y lo hace en moto, enfrentando un riesgo creciente que, a veces, pone los pelos de punta, por la ligereza con la que todos nos tomamos este fenómeno ya ineludible y la inercia e inacción de todas las autoridades, todas, sin excepción.
El fenómeno de la congestión de las calles por miles y miles de motociclistas es más pronunciado en Cúcuta, una ciudad donde, por ejemplo, puede costar más una cita médica que una motocicleta robada en Venezuela e ingresada a Colombia de contrabando. Las hay de 300.000 pesos, con poco uso y con el tanque lleno.
Cualquiera puede comprar una: total, en esta parte del país solo se necesita el dinero, nada más, ni siquiera un documento de traspaso. ¿Para qué, si ninguna autoridad lo reclama, si nadie pregunta nada, si miles y miles de motos y autos en esta zona están en las mismas condiciones, a ciencia y paciencia de la ciudadanía?
Por eso, en el área metropolitana de Cúcuta ocurren tantos accidentes, si ni siquiera la licencia para conducir estas máquinas, realmente muy peligrosas tanto para el conductor como para los demás, es un requisito obligatorio. Además, si es necesario, sencilla y tranquilamente se falsifica, y todo sin novedad.
Hay que reducir al mínimo el peligro de accidentes viales. Quizás acá sirva el ejemplo de otros países, donde el uso de la motocicleta es igualmente masivo: la autoridad designa calles y carriles especiales para uso exclusivo de motociclistas, e impone muy duros castigos paras quienes no se sometan.
Acá, las vías rápidas, como la avenida Los Libertadores, diseñadas para una garantía de movilidad más expedita, permanecen llenas de motociclistas que, para empeorar las cosas, cometen toda clases de ilegalidades y casi se atropellan para amontonarse en las cebras, ante los semáforos, por delante de todo el que esté allí.
Pero, desde luego, antes que nada se debe acudir a la educación, inexistente en materia de transporte. Si muchos automovilistas ignoran las más elementales y conocidas normas de tránsito, ¿qué esperar de un muchacho que, con lo primero que gana, compra una motocicleta ilegal y parte a toda velocidad para estrenarla?
El Estado no parece tener la menor idea de cuánto cuestan tantos accidentes generados por el mal uso de las motocicletas, pero son multimillonarios. Si supiera, quizás haría rato en que hubiera asumido el control de la situación. Pero no es así.
Según las estadísticas de la industria, en los 60 días de enero y febrero que acaban de pasar, salieron a las calles 98.000 motocicletas nuevas, lo que equivale a unas 1.632 por día. Sin contabilizar el contrabando de Norte de Santander…
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