Desde hace varias semanas, los niños de Cerro Norte tienen que exponerse a toda clase de riesgos para ir a estudiar y regresar a casa. Y todo, porque nadie, ni la misma Policía, ha sido capaz de neutralizar a unos cuantos delincuentes que hicieron del barrio su fortín hasta ahora inexpugnable.

Los responsables de la situación de terror en el barrio, conocidos incluso por los niños, amenazaron de muerte a los maestros, a los que un día sacaron y obligaron a no regresar, y sin oposición, saquearon la escuela de Jesús Obrero.

Según los habitantes, excepto la Personería, ninguna otra autoridad se ha preocupado por lo que sucede en Cerro Norte, donde “una banda criminal no quiere más maestros en el barrio”.

Y, como consecuencia, los niños llevan las de perder. 

Unos 150 alumnos de Jesús Obrero fueron distribuidos entre los colegios Luis Pérez Escalante y San Bartolomé, pero hay “30 niños de los que no volvimos a saber, porque no están matriculados en ningún colegio.

Pero son niños de entre 6 y 10 años, y para ir a estudiar deben caminar un kilómetro de ida y otro de regreso, a través de zonas solitarias y escarpadas, de ordinario frecuentadas por drogadictos y delincuentes.

La alcaldía, principalmente, debe ser consciente que la de Cerro Norte es una comunidad martirizada, estigmatizada y abusada por delincuentes, y desde hace ya varios años. Su cancha de fútbol se convirtió en uno de los lugares más siniestros hace algunos años, porque pandillas de paramilitares la usaban para tirar allí los cadáveres de sus víctimas.

Por eso, deben saber que no basta con desplegar dos policías durante unas horas del día, para evitar que sigan desvalijando la escuela y amenazando a los maestros y a los papás que los respaldan, sino que se requiere una estrategia de largo aliento que permita recuperar, definitivamente, el barrio y la escuela, pero, de manera especial, la tranquilidad de la comunidad.

Y en ese sentido, los papás deben ser pieza fundamental: son sus hijos los que están en riesgo, luego a ellos les cabe un alto nivel de responsabilidad en las acciones tendientes a garantizarles el estudio y el bienestar general.

Porque, en verdad, no resulta fácil entender como un reducido grupo de delincuentes impone su ley sin que encuentre ningún obstáculo en el camino, y cómo una gran cantidad de niños se queda sin escuela, y nadie en el gobierno reacciona. Realmente, no es fácil de entender.

No reaccionan tampoco los vecinos, la enorme mayoría del barrio, que se dejan someter como corderos por un reducido grupo de bandidos, conocidos de todos y posiblemente también vecinos de Cerro Norte.

¿Cómo pretenden, con esa actitud, que las autoridades les presten ayuda, si ellos mismos no comienzan a luchar por defender el derecho fundamental de sus niños a estudiar y el de todos a vivir en paz?

Con su actitud pasiva están entregando a sus niños un mensaje erróneo, según el cual hay que callar ante el atropello y someterse al abuso de unos pocos amparados detrás del poder de las armas, y no comprometerse informando a las autoridades de lo que sucede.

No se trata de aplicar la justicia por mano propia, obvio, sino de facilitar a la Policía, por ejemplo, la información necesaria para que ella actúe en beneficio de todos, buscando y capturando a los responsables del terror y entregándolos a la fiscalía y los jueces.

La tranquilidad se obtiene más rápidamente con la alianza estrecha entre los ciudadanos y su Policía, y con la acción permanente y efectiva del Estado en procura de neutralizar a los delincuentes y al delito.