Y, ¿a cuento de qué viene esa actitud de última hora de la fiscal de Venezuela, Luisa Marvelia Ortega Díaz, de enfrentarse al gobierno revolucionario bolivariano en el que ha medrado y hecho carrera política?

Primero, rechazó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumiera las funciones de la Asamblea Nacional. Luego, desconoció por ilegal la convocatoria del presidente, Nicolás Maduro, de una Constituyente... Después, pidió revocar a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y sus suplentes…

Mañana, ¿qué hará, además de olvidar lo que ha hecho como una de las más altas y prosopopéyicas funcionarias de la Justicia venezolana? ¿Convertirse en opción política para el caso en que se hagan necesarias las definiciones, ante un eventual vacío de poder…?

Porque no se necesitan profundos análisis para llegar a la conclusión de que, previsiva,  la fiscal puede estar calculando una cercana salida de Maduro del poder, oportunidad que le permitiría a ella, como disidente del gobierno, aspirar a continuar en el poder. Del otro lado, pero en el poder…

Es probable que haya logrado convencer a muchos de su arrepentimiento político, y que en algunos sectores la estén considerando como ‘de los nuestros’. Pero, para su pesar, la fiscal no ha podido echar suficiente tierra encima de sus actos de poder.

Casos se han visto, y podría ser que Ortega esté, definitivamente, aplicando reversa a su posición revolucionaria y bolivariana surgida del chavismo de hueso colorado y, a dos manos, aferrándose a las banderas de la oposición, en momentos muy oportunos.

Pero, puede ser que solo esté tomando distancia del maremágnum de Maduro y de su gente, con quienes ha compartido en la cima del poder todas las actividades de gobierno, incluyendo la de encarcelar personas de las que hoy prefiere no hacer memoria.

El caso es que esas personas, unas cien, mal contadas, son todas opositoras a Maduro y su régimen —así como ella pretende mostrarse ahora— y fueron puestas en las cárceles con su consentimiento, pues ella era la fiscal general, la máxima instancia en el ministerio público, y nada ha dicho, pese a que muchos sectores los consideran presos políticos, lo que, y ella lo sabe, significa ser reo de conciencia…

La fiscal venezolana es una funcionaria que lleva largos años expuesta a los medios, como quiera que le han correspondido procesos muy importantes, como el de la solicitud de extradición y enjuiciamiento del presidente Carlos Andrés Pérez, por la represión de las protestas del Caracazo de 1989.

La diligencia de entonces parece faltarle ahora para procesar a los responsables de las muertes en los disturbios. Pero los medios han estado ahí, junto a ella, difundiendo cada palabra que dice, cada paso que da, vigorizando su figura de disidente del proceso madurista en busca de oportunidades para ir más allá.

Como fiscal, Ortega tiene todo el poder para decidir, por ejemplo, en relación con la libertad de Leopoldo López. Al fin y al cabo, fue ella quien lo envió a prisión. Pero no lo hace, y no parece haber razón diferente de su preocupación por no quemar todas las naves de su chavismo, mientras se acerca a la oposición.

Una vela a Dios y otra al diablo siempre ha sido una fórmula adecuada para todo el que quiera acomodarse bien.