El departamento de Nariño no deja de sorprender a Colombia: cuando no tiene el mejor ministro, tiene el mejor gobernador o el mejor alcalde, y ofrece los niveles de corrupción que cualquiera deseara para su región.

Esta vez, el gobernador, Camilo Romero, a la cabeza de los 40 más altos y encopetados funcionarios de su administración, publicó los bienes, los saldos de las cuentas bancarias y las deudas de cada uno, para que los nariñenses sepan quiénes son, en realidad, sus gobernantes.

Nariño estableció así el primer gobierno abierto de Colombia, en momentos en que la corrupción y otros delitos alcanzan niveles insospechados en casi todas las dependencias públicas del país.

El de ayer fue el primer paso del programa. El siguiente tiene que ver con el presupuesto. Así, cualquier ciudadano podrá saber, en todo momento, cuánto dinero tiene asignado cada dependencia oficial, en qué lo están invirtiendo y, algo muy importante, quiénes son los contratistas y bajo qué condiciones contrataron.

Además, habrá informes semanales de lo que hizo cada funcionario, desde luego, comenzando por él, a fin de que los nariñenses tengan cabal conocimiento de cómo marcha su gobierno y, en especial, cómo se gasta el dinero público.

A sus 39 años, Romero tiene mucho que enseñar en materia de honradez y transparencia en el manejo de la cosa pública. Como senador, su oficina abierta fue ejemplo para sus colegas. Era una urna de cristal en la que todo se veía.

Algo parecido, aunque un poco menos elaborado, hizo el joven gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya (31 años), cuando el día de su posesión, con la ruda franqueza de su pueblo, anticipó un madrazo “para el funcionario que robe”.

Hechos como estos, protagonizados por jóvenes, reconfortan y logran que renazca la esperanza de un futuro sin corruptos, sin delincuentes enquistados en todas las esferas del poder político, sin el erario como botín de guerra.

El de Romero es un reto para todos los funcionarios públicos, pero, muy en especial, para todos los mandatarios regionales y locales, en cuyos despachos ha hecho nido el bicho de las malas mañas y del abuso con lo que es de todos.

Desde luego, es fácil anticipar que no será un ejemplo que imitarán otros gobernadores o los alcaldes. Así, en el resto del país se quedarán sin comprensión hechos tan notorios, pero tan inexplicables, como los de funcionarios que de los barrios populares, donde vivían, pasaron a regodearse en casonas de lujo en los barrios más elegantes, con solo haber estado unos cuantos meses en un despacho oficial disponiendo del dinero del Estado.

El programa de Romero es incompleto, pero no dudamos de que incluirá pronto un aparte en el que el funcionario diga quiénes son sus apoyadores y sus parientes y, claro, sus amigos, qué hacen, dónde han estado, y haciendo qué, y dónde viven y a qué se dedican.

Es decir, que salvo su vida íntima, del funcionario, como figura pública, se conozca todo lo que se puede y debe conocer. Al fin y al cabo, es un empleado de cada ciudadano que paga impuestos, y siempre el empleador conoce a cabalidad quién es su empleado. Es apenas lógico. Y sano.

Ahí, con Romero y Nariño, está un reto para que, por ejemplo en nuestra región, se acaben los rumores, las consejas y los comentarios en voz baja que dejan mal parados a los mandatarios en lo que tiene que ver con el origen de sus bienes.

Bastaría con que el gobernador y el alcalde, por ejemplo, le pidieran apoyo a Romero, para que les diga cómo se hace para que los ciudadanos se enteren de al menos cómo se invierte el dinero público, algo que se ha convertido en uno de los grandes tabúes de la administración.