La opinión pública está confundida. No sabe a quién atender, si al Concejo, que trata de eludir su responsabilidad en el asunto, o al director del Fondo de Valorización de Cúcuta (Fondova), Marcos Carrero, que explica, sin convencer a nadie, en qué consiste el plan para financiar el paquete de megaobras del alcalde.

El Concejo está, desde hace varias semanas, dedicado a controvertir todo el paquete, a criticarlo, lo mismo que a la Alcaldía y a Carrero y el Fondova, y se siente insatisfecho con las más recientes explicaciones.

Algunos concejales, en privado, sugieren que los contribuyentes no deberían pagar lo que les cobran como contribución por valorización, e incluso se muestran partidarios de que los ciudadanos pueden demandar todo el proyecto, porque dicen que hay razones para ello.

Olvidan los concejales varias cosas: una, que ellos son coadministradores del Municipio y por lo mismo les cabe la misma responsabilidad que al alcalde en torno de las irregularidades que pueda haber en el proyecto, que ellos aprobaron sin exigir categóricamente los documentos que hoy reclaman.

Otro olvido tiene que ver con que su calidad de concejales no excluye, ni más faltaría, la de que también son ciudadanos —pocas cosas tan obvias como esta—, y que si de demandar se trata, ellos también pueden hacerlo, con mayor conocimiento de causa y con más posibilidades de éxito.

¿Dónde están las copias de sus quejas oficiales ante la Procuraduría, si acaso consideran que la conducta del alcalde o de Carrero no son las adecuadas; dónde, las que debieron formular ante la Contraloría y la Contaduría y hasta en la Fiscalía, si es que, como dicen en charlas de pasillo, hay muchos méritos para enterar a los órganos de control de las irregularidades?

¿Qué concejal, por ejemplo, se ha pronunciado en torno de lo que a este diario le parecen unos sobrecostos increíbles, los calculados para los dos kilómetros de la ciclorruta de la avenida Gran Colombia? La respuesta es: ninguno.

Acá está la tribuna abierta para que expongan, con todos los argumentos y la seriedad necesarios, a fin de que digan lo que no se han atrevido a murmurar un paso más allá de los corrillos del Concejo.

Respecto de los costos calculados para la ciclorruta, insistimos en que algo no está bien. Un documento de Planeación Nacional calculó lo que cuesta hacer un kilómetro de ciclorruta en Bogotá, con especificaciones parecidas a las de Cúcuta: 770 millones de pesos, es decir, 20 veces menos, e incluye construir rampas, acceso a garajes, cicloparqueos y señalización.

Según la Alcaldía, los 15.400 millones de pesos del proyecto se gastarán en otras obras adicionales en el sector, aunque algunos concejales tienen dudas sobre este punto, pero no las formalizan en informes a las dependencias especializadas.

Quizás la explicación del caso concreto está en lo que aún no se ha explicado con suficiencia que se va a construir, y que se espera que la Alcaldía les muestre a los ciudadanos, y especialmente a los concejales. 

Mientras eso no ocurra, la opinión estará sometida a una guerra verbal sin sentido, con sugerencias de que otras personas hagan lo que les corresponde hacer a los representantes del pueblo.