Después de 60 años de haber comenzado la guerra revolucionaria de las Farc contra el Estado, seguimos sin comprender que la hecatombe tiene varios orígenes, uno de ellos el relacionado con el comportamiento oficial con las comunidades.

No es necesario recalcar sobre lo sucedido en Marquetalia con los campesinos que se levantaron en armas contra el Estado, sobre el trato que recibieron entonces de los organismos de seguridad del Gobierno frentenacionalista de la época.

Lo que está ocurriendo en Hacarí recuerda, de alguna manera, los episodios de Marquetalia, cuando los campesinos que nada tenían que ver con las guerrillas de Pedro Antonio ‘Tirofijo’ Marín, acosados por el Ejército, sin acceso a víveres, sin poder salir de sus veredas, sin poder siquiera hacer escuchar sus justas protestas, se decidieron a apoyarlas. Entonces la guerra se hizo incontenible.

Estos días, a través de los medios de comunicación que antes no existían, los campesinos de Hacarí y el Catatumbo pueden, casi en tiempo real, informar de los sufrimientos a los que están sometidos, por razón de la guerra entre el Estado y las guerrillas del Epl y el Eln.

El Ejército no está en su derecho de combatirlas: está en su obligación básica, fundamental, señalada por la Constitución y por las leyes, de hacerlo, con todos los recursos oficiales a su alcance, y de procurar garantizarle, sin descanso, seguridad y tranquilidad a la población civil, ajena al uso de las armas.

Y si el Epl, en el caso, es factor de disturbio del disfrute de tranquilidad tanto en Hacarí como en otros lugares, pues el Ejército debe aplicar los correctivos idóneos para normalizar la situación.

Pero, respecto de los civiles, un mínimo de serenidad y de mesura que otras veces ha faltado, se hace imperativamente necesario, si no se quiere que la historia, tan persistente, a veces, se repita con las consecuencias que hoy todos repudiamos.

En medio de versiones contradictorias de parte del Ejército y de los voceros de la población, en algunas veredas del municipio continúan los enfrentamientos, que por ahora han dejado como saldo varios soldados y un par de civiles heridos, activación de campos minados y helicópteros impactados.

Hay que recordar que en una democracia, los soldados son soldados, nada más. No son ni fiscales ni jueces. Como funcionarios del Estado que son, tienen la obligación fundamental de poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier delito del que tengan conocimiento. No pueden ni investigarlo ni juzgarlo.

Sabemos cómo, muchas veces, la subversión se aprovecha camuflándose con la población civil, para atacar y defenderse haciendose pasar por simples campesinos. Esto no es nuevo y en este tipo de combates es difícil discernir quien tiene la razón.

Los organismos de seguridad del Estado tienen todo el respaldo social que les sea menester, pero sus responsables, soldados de todos los grados, deben también ofrecerle al pueblo garantías de que no darán un solo paso en falso que conduzca de nuevo a hechos más graves y lamentables.

Un poco de calma y de comprensión de los problemas en que están metidos los campesinos del Catatumbo no solo es oportuna sino imperiosamente necesaria.

Más puede la miel que la hiel, enseña la sabiduría popular de siglos.