No es una pregunta más: es la primera que se debe formular cada vez que a los intereses de la mayoría de los cucuteños los escamotean y sacrifican para satisfacer poderosos apetitos de origen desconocido.

¿Qué pasa con Cúcuta, que no la dejan ser como sus habitantes desean?

El inmenso y costoso proyecto del Centro Comercial Tennis Park es una prueba irrefutable de que valen más las pequeñas mezquindades de pocos que los grandes intereses de las enormes mayorías de ciudadanos.

Desde luego, para ello se necesita de amaños, concubinatos, pactos por debajo de la mesa, complicidades o como se les quiera llamar a las mangualas.

Un proceso en el más cuestionado sector de la cuestionadísima Justicia colombiana, el contencioso administrativo, quiere privar a los cucuteños de un proyecto económico que, en momentos como estos, es clave para enfrentar los problemas generados por el cierre venezolano de la frontera binacional.

Por razones de medioambiente, alguien planteó una acción popular que pretende dejar sin piso la decisión de Corponor, máxima autoridad ambiental en la región, y que permitía construir el centro comercial.

Desde luego, el derecho acompaña a quien formuló la demanda, así lo haya hecho motivada por sus intereses personales, individuales u otros que se comentan en voz baja, hechos valer como si fueran de toda la comunidad.

También en su derecho, como administrador de justicia, el juez sexto administrativo, suspendió de manera provisional las obras del Tennis Park, autorizadas por la Curaduría 1.

Solo que, al parecer, para algún sector de la Justicia, el significado de temporal es el que los funcionarios quieran. Y, para el caso del Tennis Park, hasta donde se puede colegir, temporal significa “hasta que San Juan agache el dedo”, como las abuelas decían cuando no querían poner término a algo.

Un año después de suspendidas las obras, la Justicia se durmió, y no se sabe si en los términos temporales que utilizan sus funcionarios. El hecho es que, cansado de esperar, con cuantiosos dineros paralizados, un sector de los promotores e inversionistas del Tennis Park, la constructora Ospinas y Cía. S.A., decidió posponer el proyecto.

Al aplazarlo, se esfumó el sueño de empleo de numerosos habitantes de esta ciudad de desempleados, de esta Cúcuta llena de malquerientes, entre los que hay que incluir, por supuesto, a quienes, para salir del anonimato, asumen vocerías y veedurías para las que carecen de toda idoneidad, y quienes, quizás por dádivas, o por lo que sea, se dejan enganchar de poderosos para ponerles trabas a las ruedas del progreso local.

Estamos seguros de que ninguno de quienes hoy se frotan las manos al conocer la decisión de los empresarios del Tennis Park tiene la menor idea de que el principal elemento del medioambiente es el hombre, y que el concepto no abarca sólo el espacio en el que se desarrolla la vida, sino que comprende elementos tan intangibles como la cultura.

Desde luego, es difícil lidiar con quienes confunden la tarea de observar el desarrollo de determinada actividad, que corresponde a un veedor, con la de un correveidile. Pero, en una ciudad, y más en la Cúcuta de puertas abiertas, hay gente de todas partes y de todas las condiciones. Es obvio.

No es obvio, en cambio, guardar silencio un año mientras se refuerza el criterio generalizado de que la Justicia es el peor servicio del Estado, y más cuando los funcionarios olvidan en qué gaveta guardan determinados procesos que pueden contribuir a la redención de una comunidad.

En situaciones así es cuando a los ciudadanos les da por preguntarse de quiénes y qué más reciben algunos empleados de la Justicia además del salario que les pagan todos los colombianos.