El poderoso expresidente de Saludcoop, Carlos Gustavo Palacino, deberá ir a la Fiscalía a rendir indagatoria como sospechoso del posible desvío irregular de 794 mil millones de pesos de fondos públicos que manejó.

Respecto de Palacino se han dicho muchas cosas, casi todas irregulares, en lo que se refiere a su desempeño como presidente de Saludcoop, quizás la mayor y más sólida Entidad Promotora de Salud (EPS) hace unos cinco años. Saludcoop fue intervenida para salvarla de la quiebra, y fue absorbida por su filial Cafesalud.

Desde luego, hay que respaldar la idea de la fiscalía de ir hasta donde sea necesario en busca de la verdad de lo que ocurrió con los dineros de la EPS, porque son recursos de todos los colombianos y, además, estaban destinados a la salud.

Sin embargo, es oportuno hacer algunas claridades, también necesarias, porque, en situaciones como la que se generó en Saludcoop, la responsabilidad de todo cuanto sucede no es solo de sus directivos (Palacino y otros), que no actuaron ni con la prudencia ni con la sensatez requeridas.

En este, y en muchos otros casos, la responsabilidad también la tienen los responsables de los organismos de control, que por negligencia o por la razón que sea, permiten que los dineros del Estado sean manejados como si fueran recursos personales.

¿Por qué no llamar, por ejemplo, no a indagatoria, sino a que simplemente explique por qué no actuaron antes de que Palacino hiciera lo que dicen que hizo, a las superintendencias de Salud, Financiera y de Sociedades, y a otras agencias del ministerio de Salud?

Alguien en esos organismos también es responsable. Si hubiera cumplido a cabalidad con sus obligaciones, ni Saludcoop ni ninguna otra EPS estuvieran en la situación de debacle en que se encuentran.

Hay una corresponsabilidad entre personas como Palacino y dirigentes del grueso paquete de agencias de control que deben vigilar y no lo hacen. Allí también hay que buscar, porque se peca por acción, pero también por omisión.

Los recursos del Estado son sagrados y deben cuidarse con todo rigor, con el máximo celo, porque son los que ofrecen mayores posibilidades de dilapidación y mal uso por parte de los responsables de administrarlos.

¿Cómo ninguna de las superintendencias nombradas detectó que Palacino estaba haciendo giros al exterior por sumas tan grandes como los 40 mil millones que envió a Chile? Y ¿cómo nadie en esos entes se percató de que unos 800 mil millones de pesos (la cifra incluye dineros privados) estaban siendo destinados a “rubros que no guardan relación con el objeto y fines de la seguridad social”?

Eso necesita explicaciones. Y, si es del caso, sanciones.

No cumplir con las obligaciones inherentes a los cargos es mala conducta, y la mala conducta conlleva la destitución. ¿Por qué, la procuraduría, tan diligente en cuestiones que no le competen, no investiga la conducta de los responsables de los organismos de control? Allí podrían encontrar mucho material para calmar el afán sancionatorio que a veces mueve al procurador general.

No hacerlo, indicaría que el reino de la impunidad es más poderoso que el de la justicia.