El Ejército de Liberación Nacional (Eln) bloquea con explosivos la vía Arauca-Saravena, fue la información que se difundió por ese hecho ocurrido el sábado.

Y, ayer, la prensa nacional e internacional se reseñó un atentado contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, en la zona rural de Tibú, atribuido a ese grupo alzado en armas, y que motivó un nuevo rechazo del Gobierno,  por parte del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Ambos hechos sacuden al nororiente colombiano, un día después de que el presidente Juan Manuel Santos anunciara que el 26 de septiembre, en Cartagena, se firmará el acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc.

Esa contrastante situación de guerra y paz ocurre en una de las regiones severamente golpeadas por el conflicto armado donde son dramáticas las estadísticas y espeluznantes los testimonios de  muertes, desapariciones, secuestros, desplazamientos y daños severos  al medio ambiente.

Aquí cabe preguntar ¿y qué vamos a hacer con el Eln?, así como se lee, incluyéndonos todos. Al Gobierno le corresponderá definir de una vez por todas si le sigue tendiendo puentes de diálogo  o en definitiva toma la determinación de enfrentarlo militarmente hasta la derrota, para evitar, entre otras cosas, que ese actor armado ilegal llegue a copar espacios que dejen las Farc una vez desmovilizadas. Una advertencia en ese aspecto la dejó bien en claro el ministro nortesantandereano Juan Fernando Cristo: “atentados como los de hoy contra la infraestructura petrolera no contribuyen para nada a generar un clima de dialogo y conversación”.

La sociedad civil, que sin duda es una de las principales guardianas de la paz para poner fin a más de medio siglo de una guerra entre hermanos, tiene en la protesta pacífica, por ejemplo, mediante movilizaciones callejeras, el medio  para reclamarle a esa guerrilla guevarista, que surgió en 1964, que entre en el sendero de la paz y deje por siempre  una guerra que obligó a desplazarse a 6,9 millones de colombianos. Precisamente, la Semana por la Paz, que empezó ayer y termina el 11 de septiembre, puede ser ese escenario, con su invitación de ‘reconciliémonos de corazón’.

A la misma agrupación subversiva, que en sus filas tendría a unos 2.500 combatientes, según estimó el Gobierno, y con presencia en el área metropolitana de Cúcuta y en varios municipios de Norte de Santander, le corresponde evaluar si quiere entrar a la historia de Colombia como constructora de un nuevo país donde las diferencias ideológicas y las posiciones contrarias al Gobierno no se sigan definiendo a bala sino que se diluciden desde las tribunas de la política y de la convivencia pacífica.

Después de que el presidente Santos ordenara a las Fuerzas Armadas silenciar definitivamente los fusiles contra las Farc, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dejó una notificación bien clara a otros grupos armados ilegales del país: la orden de cancelar toda acción ofensiva de las fuerzas de seguridad solo involucra a dicha guerrilla, y no a organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (Eln), ‘Los Pelusos’  y demás bandas criminales. “Seguiremos persiguiendo el secuestro, la extorsión, el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, el tráfico de personas y otras manifestaciones del delito, porque así lo ordena la ley sea el grupo que sea”, es la decisión  oficial.

Lo cierto es que la persistencia en la lucha amada por parte de algunos grupos, en estos momentos lo que hace es llenar de razones a los sectores guerreristas que  ven en la guerra la solución y que utilizan diversidad de argumentos para tratar de desanimar y bajarle el perfil a los acuerdos que se alcanzaron en La Habana (Cuba) entre el Gobierno y las Farc.