Las miradas puestas en el Congreso de la República parecieran distraer la atención en lo que pasa en las bases de la democracia, como es la local, donde pululan los aberrantes hechos corruptos, como aquellos recientemente denunciados para la elección de personeros en varios municipios de Norte de Santander.

Pero al leer las noticias de otros departamentos se encuentra con estos titulares: “escándalo en elección de personero de Sincelejo”, “suspenden examen para elegir personero de Valledupar”, “concurso de personero en Rionegro: un chanchullo tras otro...

Y en nuestro caso, las pruebas de conocimiento para aspirar a las Personerías de Ragonvalia, Toledo, Bochalema, Salazar de Las Palmas, El Carmen y Cácota, quedaron en el limbo y en camino de ser revocadas por las  irregularidades y el desorden registrado al momento de ser presentadas.

De todo este entramado de  maniobras dudosas no han escapado similares procedimientos en Bogotá y Bucaramanga, mientras que en Cúcuta los hechos derivados de cuestiones a todas luces sin argumentos legales de fondo, llevaron también a su suspensión.

Grave, por decir lo menos, que la elección de quienes en los municipios grandes, medianos y pequeños están encargados de cumplir la misión del Ministerio Público y ser garantes de los derechos humanos de la población, esté cooptada por las argucias de los politiqueros de oficio que nunca pierden, puesto que siempre están pegados al poder, bien sea directamente, o desde organismos como las Personerías.

Causa indignación entre los jóvenes que se han graduado de abogados, que después de adquirir conocimientos y experiencia deciden concursar para llegar a esta dignidad, y se encuentran con el muro levantado por la corrupción.

No olvidemos que la carrera política de muchos congresistas, gobernadores, alcaldes, miembros de entidades nacionales y ministerios ha comenzado precisamente en la base, luego el mensaje que se les envía a los colombianos y nortesantandereanos es realmente dañino.

Ahí pudiera estar descansando una de las razones de la protesta social que se registra hoy en Colombia, uno de cuyos reclamos es precisamente activación de una política contundente para cerrarle el camino a la corrupción a todos los niveles.

Triste decirlo, pero como la designación de funcionarios como el personero y el contralor están directamente ligados a los concejos, cuya imagen realmente no es la mejor y su labor tampoco resulta ser la más conveniente para las mayorías, pues ahí recae el meollo de todo lo que acontece.

Para sacarle provecho a las voces de cambio que se levantan en las calles, debería entrar a considerarse otras alternativas, como por ejemplo, que las Personerías fueran manejadas por la oposición, con reglas claras y precisas, para evitar caer en una ‘oposición a ultranza’. La designación también deberá hacerse previas pruebas de conocimientos que bien pudieran estar a cargo de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), con unos controles estrictos desde la Procuraduría General de la Nación.

Cuando los escándalos rondan en todo el país, el procedimiento para elegir a quien llegará a manejar las Personerías debe conducir a tomar acciones consecuentes, porque de lo contrario continuará el grave deterioro de la democracia y las secuelas pueden llegar a ser peores que las manifestaciones que estallaron desde el 21 de noviembre en Colombia.