La pandemia de la COVID-19 no es una enfermedad de frágiles efectos. Su gravedad tiene comprobación científica y su letalidad alcanza niveles de muy alta expansión en todo el planeta, como lo evidencian los indicadores cotidianos de los gobiernos y las más autorizadas entidades aplicadas al estudio y administración de la salud en el mundo. No se trata, pues, de una epidemia más sino de una peste que arrincona a la humanidad en forma generalizada y despiadada sin distinción de edad, ni género, ni raza, ni clase social, ni identidad religiosa, ni nacionalidad, ni preferencias políticas o ideológicas.

Ante esa desastrosa emergencia, que es un colapso de devastadoras proporciones se tuvieron que imponer medidas de control y de mitigación que pudieran intentar contrarrestar contagios y proporcionar alivios capaces de disminuirle celeridad a la muerte que amenaza a quienes quedan atrapados en tan adversas circunstancias.

Los protocolos de bioseguridad frente a la intensidad de la expansión del virus impusieron una  rigurosa exigencia ante las debilidades predominantes en los centros de salud. No estaban preparados para hacerle frente a una crisis de las dimensiones del coronavirus. Se requería entonces la prevención individual en cuidado personal generalizada al máximo.

La instrucción del lavado constante de manos, del distanciamiento adecuado entre las personas, del uso correcto del tapabocas, de la desinfección de los espacios habitados y de los objetos que se manipulan, de evitar contactos que antes eran habituales, entre otras prevenciones, siguen teniendo vigencia. Son prácticas de obligado cumplimiento. Como deben ser los protocolos relacionados con reuniones masivas, fiestas, funerales, oficios religiosos, desfiles o cualquier tipo de aglomeración. Todo ello, claro está, le resta dinámica a la economía y le abre espacios a otras calamidades, como el desempleo y el resquebrajamiento de diversas actividades que irrigan la existencia de la sociedad en general.

Es comprensible que se requiera buscarle salida al freno que pesa sobre los sectores productivos y que ha llevado a la quiebra o la parálisis a un buen número de empresas. Este sector tiene que recobrar su dinámica hasta volver a la normalidad. Pero esto tiene que hacerse sin darle alas a la muerte, lo cual impone el cumplimiento puntual de los protocolos previstos para salvar la vida de las personas. O sea, que la reactivación económica no le deje el camino libre a los contagios. Está bien que el transporte recobre su movimiento, lo mismo que el comercio y todos los demás sectores productivos. Es necesario que la educación siga irrigando saberes y que el país se articule para su funcionamiento con fluidez, pero atendiendo también la protección de sus habitantes, expuestos al flagelo letal de la pandemia si no se observan los cuidados debidos que son barrera para los contagios.

La disciplina de las personas debe ser un hábito cotidiano. Y con puntualidad. Hay que ser consciente de esto y cumplir sin regateos con lo dispuesto, dentro de condiciones, claro está, que las autoridades también deben garantizar. Se trata de una protección integral con responsabilidad de todos.