Asusta, más que preocupa, la insólita propuesta del designado como nuevo ministro de Defensa, Guillermo Botero Nieto, de regular la protesta ciudadana, algo que solo hacen las dictaduras, como la de Venezuela, país al que, según predicaba en la campaña, no se puede parecer Colombia.

Allí, el presidente Nicolás Maduro no solo las limitó sino que las prohibió…

Es exactamente igual a si Botero pidiera reglamentar el derecho a la libertad, al agua, a la salud, a la identidad o a cualquier otro derecho fundamental, porque a protestar también es un derecho fundamental. Que la propia Constitución exija que esa protesta sea pacífica —y sin pedir permiso, que quede claro— no significa que no admita que es un derecho fundamental.

Lo que se pretende es criminalizar la protesta, por cuanto todo lo que se haga más allá de lo permitido, será considerado delito. Eso es reglamentar.

Con su propuesta, Botero perdió el paso antes de comenzar a marchar como ministro —junto a generales que, según rumores no desvirtuados— no están muy a gusto con el nuevo jefe, por sus posturas altamente conservadoras y el rechazo que siempre le despertó el proceso de paz con las Farc.

La idea de Botero recibió de inmediato protestas —todavía sin reglamentar, contra lo que él hubiera querido— de sectores políticos preocupados más por la protección de los líderes populares a los que están asesinando, y por la búsqueda frenética de un camino a la consolidación de la paz.

Protestar es tan inherente al ser humano como alimentarse, como expresar lo que piensa. En este sentido, preocupa aún más la propuesta de Botero, porque, como la historia lo atestigua, después de recortar el derecho a la protesta sigue el de limitar la libertad de expresión y, por ese camino, imponer la censura de prensa, y otros derechos que se crucen en el camino de los gobernantes.

Al fin y al cabo, concebida como acción colectiva para reivindicar derechos, la protesta suele encontrar amplificación en los medios de comunicación, lo cual, en la lógica que parece inspirar a Botero, también sería inquietante para el gobierno y, por lo mismo, objeto de control.

Al designado ministro le preocupa que la protesta represente los intereses de pequeños grupos, es decir, de las minorías, y busca que ‘verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos’, e ignora que, en la práctica, la protesta es abrumadoramente expresión de grupos pequeños.

Así, Cúcuta no podría protestas contra el abandono centralista en casos como el de la inmigración masiva de venezolanos, si en ello no está en juego el interés del resto del país.

Desde luego, Botero no ha tenido tiempo de empaparse de las funciones del cargo que le ofrecieron, e ignora que una de ellas es la de ‘contribuir con los demás organismos del Estado para alcanzar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos, obligaciones y libertades públicas’, no para recortarlas ni ponerles las talanqueras que a él se le ocurran.

Podría, en cambio, aprovechar estos días que restan para asumir el cargo, en lo que hará ante la amenaza, cada vez más ruidosa, del gobierno venezolano hacia Colombia, y el despliegue de tropas hacia la frontera binacional.

Sería de mayor provecho que quitarles el trabajo a los juristas serios, que sí entienden que por la vía del recorte de las garantías y derechos básico se llega rápido a la dictadura.