La pandemia de la COVID-19 registra muchos cabos sueltos. Aunque es cierto que se trata de un mal inesperado y por consiguiente para el cual no se contaba con las prevenciones que ahora se tienen como indispensables, también es evidente la lentitud en tomar algunas decisiones de protección esencial ante la devastadora emergencia.

Se imponen acciones prioritarias, sin pérdida de tiempo, tanto más cuando están identificadas algunas debilidades posibles de superar sin tantas restricciones.

Pero algunos de esos vacíos, que siguen predominando como factores negativos en los protocolos destinados a frenar el contagio y disminuir su letalidad, todavía se mantienen.

Algunos hospitales o centros especiales para atender pacientes afectados por el virus carecen de las ayudas  esenciales y no están en condiciones de prestar un servicio efectivo. 

Se da también el grave problema de la larga demora en la provisión de los recursos para atender el pago del personal laboralmente activo. Los trabajadores vinculados a unidades hospitalarias en algunas regiones no reciben con puntualidad la remuneración correspondiente. Y así pasan meses sin que el poder central tome en cuenta esa calamidad. Eso lleva a graves carencias y tiene incidencia en el rendimiento laboral con efectos muchas veces trágicos.

La pandemia está en apogeo desde hace más de seis meses y ese es tiempo suficiente para que se hubieran hecho los ajustes pendientes, a fin de garantizar avances en la lucha contra la expansión de los contagios.

Los trabajadores expuestos a contactos con enfermos atacados por el virus debieran ser sujetos de la mayor protección preventiva y no estar en esa condición de vulnerabilidad como la que algunos tienen, no solamente en perjuicio propio sino de todo su entorno o de una comunidad dada, en general. Ese estado de cosas debe tener corrección sin más pérdida de tiempo en función de la salud de todos.

Otro cabo suelto de la pandemia, de inocultable gravedad, es el relacionado con la dotación del personal médico en algunos centros de atención de la enfermedad. Todavía se reporta la carencia de los equipos y otras ayudas que no debieran faltar debido a los riegos que generan. Por esos descuidos han perdido la vida muchos médicos, con acumulación de situaciones lamentables, irreparables y de secuelas desgarradoras para muchas familias.

Por no tener las condiciones preventivas adecuadas un considerable número de médicos ha pasado a ser víctima del virus y eso no puede seguir ocurriendo.

Ante hechos tan negativos y lamentables se deben tomar decisiones correctivas que pongan fin a lo que está funcionando mal. Las prevenciones frente al COVID-19 deben generalizarse y tanto médicos como personal auxiliar tienen que recibir protección en condiciones de igualdad.

Garantizar la vida de los médicos y demás trabajadores de la salud es una prioridad que no admite recorte y eso tiene que estar en la agenda del gobierno nacional y de las administraciones territoriales en todos los niveles.

Para garantizarle a la población en general efectiva atención en los casos de coronavirus hay que contar con un personal científico que pueda operar con las mejores condiciones.