Cuando se denuncian situaciones aberrantes, como la que viven desde hace largos años en Buena Esperanza con el agua, surgen preguntas que pueden resultar incómodas para algunos sectores, pero de todas maneras pertinentes y necesitadas de respuesta inmediata.

En Buena Esperanza no hay acueducto, y para todas sus necesidades, casi todos usan el agua del distrito de riego, una fuente necesariamente contaminada con los químicos que se utilizan en el mantenimiento de los cultivos e, igualmente, con los desechos de sectores como Cormoranes, que arrojan sus aguas negras a la quebrada Tonchalera, afluente del río Zulia, del que se alimenta el distrito de riego.

Significa que agua de esa alcantarilla, quizás la más pestilente y vergonzosa de Cúcuta, se usa para regadío y otras necesidades de los arrozales y demás cultivos de la zona rural del noreste de Cúcuta. Y esa agua es la que los habitantes de Buena Esperanza y otros sectores usan para alimentarse y otras necesidades. Otros usan las de un pozo contaminado…

Ayer, martes, La Opinión publicó unas fotografías realmente indignantes del estado de los canales, repletos de espuma generada por los químicos disueltos en el agua: parecía el río congelado de un paisaje invernal. Solo que toda su blancura en realidad escondía —y esconde— veneno y podredumbre de alcantarillas.

Ante esta situación, vale preguntar ¿por qué a estas alturas del siglo 21 aún hay zonas de Cúcuta que no tienen acueducto ni garantía de agua potable? ¿No son los campesinos personas con los mismos derechos de los habitantes urbanos? ¿Es, ante una situación abominable como estas, prioritario construir, por ejemplo, una ciclorruta de 13 mil millones de pesos y de solo unas cuantas cuadras, o someter a remodelación el monumento de Cristo Rey?

Realmente, la ciclorruta puede esperar el tiempo que sea; la necesidad de los campesinos de que se les garantice algo tan elemental como el agua potable, no da espera de nada. No pueden ser prioritarias obras sin ninguna urgencia, mientras decenas de campesinos están condenados a beber agua de las cloacas.

Ante esto, no hay discusión posible, no hay excusa que valga.

Y de esto no puede escapar ninguna autoridad. ¿Qué han hecho, por ejemplo, los organismos de control: Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, para investigar cuál es la realidad de la falta de agua en las veredas y corregimientos? ¿Qué hace, si algo hace, la Defensoría, en procura de que a los campesinos se les dé todo lo que les han negado desde siempre? 

Y, las agencias de defensa del medioambiente, ¿cuál ha sido su papel en busca de impedir que la gente beba agua de alcantarilla, porque, por la razón que sea, se permitió que convirtieran la Tonchalera en una cloaca?

Y la Alcaldía, ¿qué explicación tiene en este caso? ¿De verdad unas inversiones, como las planeadas, valen más, es decir, importa más que la vida de un campesino, de uno solo, que debe beber de las cloacas? ¿En serio, cree la administración en todas las explicaciones que pueda dar?

Estos problemas del agua, no son nuevos pero sí serán peores cada vez más, ante la falta de acción en este sentido de las administraciones que han pasado durante varios años, conociendo de esta problemática.

¿Y por qué del silencio de las autoridades sanitarias? ¿No les compete?

Todas las autoridades, sin excepción, están fallando en materia muy grave.