Hay algunas situaciones que por su descaro, siguen sorprendiendo hasta al más incauto de los ciudadanos.

La falta de rigor para asignar contratos en ocasiones llega a tal extremo, que el desencanto se hace mayor y la idea de que vivimos en una ciudad carcomida por la corrupción y sin opción de cambio se convierte en una permanente desesperanza.

Esto ha sucedido con el más reciente escándalo de contratación del cual se han ocupado los medios de comunicación.

Se trata de un contrato cercano a los mil millones de pesos -990 para ser exactos- entregado por la Secretaría de Salud a una fundación de desempleados denominada Fundes, para adelantar un programa de control de mosquitos a escasos dos meses de concluir el año.

Las irregularidades del proceso son evidentes. El contrato estipula que se deben cubrir 55 mil hogares durante el tiempo de ejecución (60 días) y avanzar en el programa de control de vectores para prevenir casos de Dengue, Chikungunya y Zica.

¿Por qué esperar casi al final de esta administración para hacer un contrato de esta naturaleza, cuando realmente debió hacerse a principio de año para cumplir con lo allí estipulado? Nadie ha entregado la respuesta.

La secretaria de Salud, Deisy Astrid Machuca, intentando bajarle el tono al escándalo, dijo que a Fundes solo se le pagará por lo que alcance a ejecutar.

De alguna manera, es como si ella misma supiera que los términos estipulados en el contrato son casi imposibles de cumplir, para una empresa de esa naturaleza, que no tiene ni la experiencia, ni el personal para cumplir con el objeto del contrato, así como tampoco tiene el perfil para habérselo ganado, según ha dicho Arístides Hernández, presidente del Sindicato de la Salud del Departamento.

A pesar de que el contrato se firmó el pasado 15 de octubre, a la fecha, casi un mes después, solo se han visitado 300 casas. Lo que significa que quizás al terminarse el plazo, no se cumpla sino el cerca del 2% de lo estipulado.

Qué otra razón puede contemplar el ciudadano del común ante este tipo de situaciones, que pensar que el asunto ha sido planeado para beneficiar a algún particular, que además de ganarse el dinero, perjudicará a toda una ciudad que se quedará, por segunda vez, sin la debida prevención para evitar una epidemia como la que ya se vivió hace poco con el Chikungunya.

Nuevamente, las necesidades de una población que espera lo mínimo de sus gobernantes, pasan a un segundo plano. Se necesita vigilancia, para establecer realmente cuánto dinero se paga por esta labor de Fundes, pues teniendo en cuenta los antecedentes del caso, la descofianza es la mejor herramienta.

Las lecciones no se han aprendido. Hace menos de un año, buena parte de los cucuteños se vio afectado por la proliferación del virus del Chicungunya, transmitido precisamente por un zancudo.

Las críticas en ese momento no se hicieron esperar, pues la reacción fue tardía. No hubo prevención y solo cuando las urgencias de centros médicos, clínicas y demás instituciones de salud de la ciudad estaban colapsadas, se estableció un plan para evitar más contagios.

Hoy, cuando se empieza hablar del Zica, un mal que es mucho menos agresivo que el Chicungunya, la ciudad se enfrenta a este escándalo que solo permite evidenciar lo mal que estamos en materia preventiva y de salud.

¿Porque, qué se puede esperar si a quienes les corresponde no toman cartas en el asunto?