La tristemente célebre y lapidaria frase: “si quiere hacer lo que quiera váyase para Cúcuta”, todavía no se ha desdibujado. Sigue absolutamente vigente, porque en la construcción de ciudadanía hemos fracasado. 

No es sino tomar uno solo de los componentes del microcosmos urbano cucuteño como es el de la circulación vial de automóviles, motocicletas, taxis y busetas. Por ahí van carros sin SOAT o que muchas veces lo tienen falso. Otros corren por nuestras calles como si fueran estufas de humo, en clara prueba que no han pasado por la revisión técnico-mecánica.

Ni qué decir de los que se pasan en rojo los semáforos, irrespetan las zonas para peatones o cebras, las motos adelantan por la derecha, cuando está prohibido, los motorizados van sin casco y como si fuera poco, los vehículos de placa venezolana, de los cuales tenemos un amplio parque automotor todavía no oficialmente contabilizado. (Según un reciente dato de la Secretaría de Hacienda Municipal, hay un registro de 45.000).

Toda esa acumulación de malos comportamientos y de estrategias para hacerle el esguince a la ley finalmente han acarreado sus consecuencias, porque aunque no lo creamos, ese hecho de ir por ahí con el carro sin el seguro obligatorio y por ser conductores proclives a burlarse de las normas de tránsito, les dieron herramientas al Estado alcabalero, contra el que siempre hay quejas por meterle la mano al contribuyente.

La aparición en escena de las fotomultas, por ejemplo, en parte es ¿culpa de quién? En ese particular no es descabellado afirmar que los infractores con sus actuaciones recurrentes le dieron la materia prima a los ideadores de ese esquema de castigo mediante la fotodetección. 

No nos llamemos a engaños ni tampoco vayamos al extremo de rasgarnos las vestiduras, y admitamos que si el comportamiento ciudadano estuviera dentro de los cánones del Código de Tránsito, esas fastidiosas fotomultas no hubieran tenido cabida en el valle de doña Juana Rangel de Cuéllar, cuyo negocio es muy cuestionado porque, en general,  la mayoría de los ingresos se los lleva el concesionario y el municipio solamente recibe una mínima parte.

Y hablando de los vehículos venezolanos que por aquí ruedan sin problemas, es necesario mencionar que hasta el 10 de octubre, o sea el jueves de la semana entrante, hay plazo para registrarlos y pagar el impuesto de rodamiento, razón por la cual después de esa fecha, quienes no acataron esa orden, bien sea por descuido, o porque no quisieron o por olvido, se verán en dificultades.

Entonces aquí viene el otro factor que por estos días genera discusión en la ciudad, la llegada del controvertido Grupo Élite de Tránsito, que cuando visita a la ciudad deja una gran cantidad de personas sancionadas y de autos inmovilizados, que de acuerdo con la Alcaldía está aquí para hacer cumplir las normas viales, y a partir del 11 de este mes detectar a los tenedores de carros y motos de matrícula venezolana que no hicieron el trámite contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo.

Debemos volver al principio y reconocer la parte de nuestra de nuestra responsabilidad para que la administración municipal actúe de esa manera y persista en las medidas coercitivas y de fuerza contra sus gobernados. Lo adecuado aquí es optar por el cambio en las costumbres diarias. O mejor, actuar dentro de la legalidad, y listo.