Sólo sucede en Cúcuta: los funcionarios públicos se declaran abiertamente en desobediencia a la ley, y todo sigue su marcha, como si nada. No hay procurador que investigue esas conductas, últimamente tan reiteradas.

Este viernes, nada más, un vociferante secretario departamental, en la radio dijo que desobedecerá —e incluso amenazó con adoptar de hecho otras acciones callejeras— el decreto 2229, del 27 de diciembre pasado, que reglamenta y autoriza la internación de vehículos extranjeros al territorio nacional.

Para ese secretario de Hacienda, la ley no existe, vale menos que un comino, solo porque no está de acuerdo con lo que él piensa y desea. Actitud similar, aunque sin llegar al extremo de privilegiar la soberbia, asumió el presidente del Concejo sobre el mismo asunto.

Aunque sobre este tema de la internación de vehículos, hay mucha tela de donde cortar y si creemos que regionalmente se debe tratar de negociar para que finalmente el gobierno nacional produzca un documento acorde con la situación permitida durante largos años a los vehículos venezolanos, esto debe ser consensuado con ellos.

Desde luego, los funcionarios actúan así, porque la Procuraduría, que debe examinar sus conductas, no mueve un dedo. Al menos así ha sido en los últimos años: una desidia increíble para investigar lo que hacen o dejan de hacer todos los funcionarios de este departamento.

Otra forma de desconocer la normatividad legal es, por ejemplo, invitar, por los canales oficiales de comunicación, a oficios religiosos de una iglesia con los que, incluso, se agasaja en su cumpleaños a un miembros de la oficina de prensa.

En Colombia, un país laico por definición constitucional —todos lo sabemos, menos, parece, los gobernantes—, existen la llamada libertad de cultos y la total separación del Estado y las iglesias, y menos se permite que a una se le dé mayor reconocimiento que a las demás.

Y poner en circulación un documento oficial invitando a los maestros a una misa católica para celebrar el día clásico de ellos, como estos días, no es permitido; no es algo que se pueda pretermitir desde una posición de gobierno. Menos en una democracia.

Si hay personas obligadas a cumplir la ley son aquellas que están facultadas para hacerlas cumplir. Y en esta categoría caben todos los funcionarios públicos. Es una verdad de Perogrullo. Así, la actitud de nuestros burócratas al considerar que la ley es para todos, menos para ellos, es una aberración absoluta.

Que se trate de una región donde la cultura de la ilegalidad todo lo permeó, no significa, no puede significarlo, que desde el gobierno se invite con el ejemplo a contravenir el orden legal.

¿Que en el caso de los autos venezolanos la ley es drástica? Sí, pero no por eso el alcalde o el secretario de Hacienda departamental pueden invitar a eludirla; más bien habrá que seguir razonando con el gobierno central, hasta el final. 

Y luego si se verá que se debe hacer. La ley es dura, pero es la ley.