Cúcuta está hoy ante la disyuntiva de demoler el intercambiador vial de Atalaya o de olvidar la segunda pista de su aeropuerto.
Por el respeto
Indefensa, Cúcuta está hoy ante la disyuntiva de demoler el intercambiador vial de Atalaya (35 mil millones de pesos) o de olvidar, sin estrenarla, la segunda pista de su aeropuerto internacional Camilo Daza (60 mil millones).
Y la razón de este lío hay que buscarla, sugieren los rumores callejeros, en el fondo del oscuro, tormentoso y fétido océano de las rivalidades entre grupos de políticos regionales. Y, claro, en ese ambiente de corrupción del sector público al que, benévolos, algunos llaman clientelismo…
Con el intercambiador avanzado en un 60 por ciento, una entidad que nunca cumplió a cabalidad con sus obligaciones de control, descubre ahora que el intercambiador se constituye en un peligro para los aviones que utilicen la pista.
Si hace largos meses esa entidad hubiera demostrado su honradez de última hora y hecho lo debido, el error se hubiera podido subsanar a tiempo, sin detrimento económico para el Estado, sin el escándalo que deja saber que tantos millones de pesos están en riesgo de convertirse en escombros.
O, tal vez, todo esto estaba previsto, pero por alguna razón su concepto solo conoció la luz hace unos días, cuando alguna mano poderosa sacudió el polvo que lo cubría y lo utilizó como herramienta de poder. Lo sugieren los corrillos…
Como también sugieren que detrás de todo este lío está lo ocurrido con la elección reciente del director de Corponor, que habría contrariado los deseos de un sector político muy poderoso, que ahora estaría aplicando castigo al sector que lo desbancó, poniéndolo en aprietos a costa de los intereses de Cúcuta.
Desde luego, es evidente que lo único que interesa a estos grupos en pugna es el poder político que les permite hacer y deshacer en su beneficio. La gente, es decir, los electores, realmente no les merecen ni siquiera el desprecio, aunque los votos sí que les siguen importando. Y mucho.
La Aeronáutica, la Procuraduría, el ministerio de Transporte, la Alcaldía, la Gobernación y en menor proporción el concesionario, como principales organismos involucrados en los dos proyectos, son los responsables directos de lo que ocurra con el intercambiador y con la pista.
Y el concesionario a cargo de quien está la obra también ha debido, desde que se conocieron las primeras notificaciones de la Aeronáutica Civil en noviembre del año pasado, responder con premura a ellas para tratar de solucionar el problema antes de seguir avanzando a obscuras, con el detrimento que ello puede llegar a significar para el erario público y los cucuteños.
Obviamente, los funcionarios a cargo de tales entidades que decidieron lo que ahora les objetan son, en últimas, quienes tienen que pagar por sus errores, por su ligereza, por su falta de diligencia o por lo que sea que se les pueda endilgar, si es que esto llega a tener que demolerse.
Y pagar implica responder por los dineros invertidos, que el contribuyente, único inocente del problema, no tiene por qué perder.
Desde luego, con el feroz activismo partidista en el que están inmersos los órganos de control, es prácticamente inútil que el ciudadano común y corriente, el perjudicado real, espere decisiones de fondo que involucren a los culpables de este problema y los sancione como merecen.
Porque en alguna parte deben estar los responsables de haber permitido con su actitud, que se hiciera una obra tan costosa en un sitio al que, a la postre, califican de imposible. Como si el dinero de los contribuyentes fuera de juguete…
Por ahora habrá que esperar el resultado final de este menudo lío. Porque lo que este miércoles pasado era problema insuperable —el puente es, en concepto de expertos, un gravísimo riesgo para los usuarios del transporte aéreo — no puede ahora ser explicado como equivocación; si la orden de la Aeronáutica Civil es demoler la obra como lo dice la resolución emitida el 18 de diciembre, no pueden resultar ahora con que se trató de una broma de mal gusto o de un malentendido o peor una decisión de revanchismo político.
Pero, ni Cúcuta ni los cucuteños somos objeto de juego. No nos merecemos que esto haya que reversarlo, pues aunque inicialmente tuvo fuerte oposición entre ciertos vecinos del sector, es indudable que contribuye a mejorar la vialidad del sector y la presencia de ciudad y con esta intención se concibió. Ojalá esto tenga otra solución.
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