Sorprende que un funcionario como el Fiscal General de la Nación pretenda convencer a los colombianos de que las decisiones del ente acusador que dirige “no tienen alcance político”. Porque sí las tienen; al fin y al cabo, todo acto del hombre es un acto político.

Desde luego que es político, y mucho, el terremoto que el fiscal Néstor H. Martínez generó cuando reveló parcialmente el testimonio de Otto Bula, el vendedor de quesos devenido en congresista y luego en intermediario de los sobornos de la brasileña y corrupta Organización Odebrecht.

Tan política es la decisión de revelar el contenido de una diligencia procesal, como la decisión de guardar el silencio debido.

Sorprende también, y bastante, que el fiscal admita que ‘no hay prueba física’ de la entrega de un millón de dólares a Andrés Giraldo Rivera, en teoría para entregarlos a José Roberto Prieto, su amigo muy cercano y gerente de la campaña presidencial Santos Presidente 2014.

¿Qué motivó al fiscal a revelar parte de una investigación que tiene que ser manejada con todo el celo necesario para no generar las consecuencias que generó? Sin duda, la política. No el partidismo, tal vez, pero sí la política.

Las consecuencias de esa inexplicable acción tienen al propio presidente Santos sentado al borde de un gran abismo. Y si eso no es resultado de una acción política, ¿qué, entonces, lo es?

Que el propósito de Martínez haya sido diferente del de causar la inestabilidad que ocurrió, no niega lo afirmado sobre el carácter político de cada acto del hombre.

Pero, ¿era necesario revelar detalles de la investigación, en especial si no hay las pruebas físicas que respalden lo dicho por Bula? No, desde luego. Si el principal fiscal reveló detalles de investigaciones criminales, cualquiera otro funcionario del organismo podría hacer lo mismo incluso con el contenido de las indagatorias que, de ordinario, están amparadas por reserva y confidencialidad.

Una acusación sin pruebas tiene carácter jurídico en la medida en que puede ser utilizada por la parte acusada para reclamar judicialmente por calumnia o por injuria, pero no para formular cargo alguno al acusado. Pero, si jurídicamente es deleznable, revelar sin mesura lo dicho por Bula genera consecuencias complicadas para la estabilidad del gobierno y la legitimidad de las instituciones.

No había urgencia ninguna en buscar cámaras y micrófonos, para hablar, de manera oficial, de la posible contaminación de la campaña presidencial con dineros ilegales, y mucho menos sin manera de comprobarlo.

Aunque poco se ha tocado el asunto, los sobornos de Odebrecht ponen en peligro el propio proceso de paz con las Farc, la peor de las consecuencias políticas de la acción del fiscal Martínez, y debilitan el gobierno hasta límites insospechados.

Alguna intención tuvo el fiscal, solo que si no midió las consecuencias en lo político, demostró que le hizo falta calcular que es uno de los más altos funcionarios de la Nación, y que cualquier palabra suya causa verdaderos terremotos. Como el actual, con un presidente en cuestión.

Puede argumentar lo que sea, menos afirmar que sus palabras no tuvieron alcance político. Él no es nuevo en estas lides.