El escándalo que generó el decreto sobre el destino de los bienes de las Farc evidenció que dentro del mismo Gobierno hay contradicciones frente a lo que se ha establecido respecto al proceso de paz con esa guerrilla.  

El desacuerdo enfrentó no solo al fiscal general, Nestor Humberto Martínez, quien se opuso rotundamente a lo que establece el decreto firmado por el presidente, y a su vez al jefe negociador, Sergio Jaramillo, quien aseguró que el decreto liderado por el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, era una completa ‘chambonada’. 

En definitiva, la postura del fiscal en el sentido de que los bienes que entreguen las Farc no podrán ser destinados, tal y como lo establece el decreto, para financiar un centro de pensamiento de esa guerrilla llevó al gobierno a pronunciarse y a definir que se trabajará en un nuevo documento (decreto ordinario) para determinar, con total claridad, en qué se invertirán los bienes que las Farc presenten en la lista que entregarán el próximo 1 de agosto. 

Lo que ha advertido Martínez es que de seguir el plan inicial, se terminaría configurando un lavado de activos, pues el esquema implica que las mismas Farc dispongan de los bienes adquiridos en el pasado de manera ilícita. 

Las Farc tendría voto en esta decisión, pues está contemplado que algunos de sus miembros tengan asiento en el Fondo de Patrimonio Autónomo al que irán estos bienes, los cuales serán destinados para reparar a las víctimas y para los programas contemplados en el punto 3.2.2 del acuerdo, que trata sobre la reincorporación económica y social de las Farc. En ese punto se contempló la financiación para el centro de pensamiento que creen las Farc en la legalidad.

Más allá del escándalo, este asunto realmente perjudica el proceso, pues en la gente quedó la sensación de que algunos de los puntos incluidos en los acuerdos no se analizaron a profundidad.  

Este episodio contribuye sin duda a empeorar la percepción sobre la forma en la que se está llevando el proceso de paz y también a incrementar la enorme desconfianza de la gente frente a los miembros de la Farc. También quedó demostrado que del afán no queda sino el cansancio, y que en la maratón de decretos firmada por el presidente antes de que expiraran sus facultades extraordinarias o bien hubo premura o faltó mayor revisión. 

Toda esta polémica surgió, además, en medio de la noticias que daban cuenta de que los bienes de las Farc rastreados por la Fiscalía ascienden al menos a un billón de pesos y de que esta guerrilla tendría grandes extensiones de tierra en  manos de testaferros y negocios ilícitos relacionados con la ganadería y el contrabando de carne, entre otros negocios ilegales. 

Quién más pierde, sin duda, es el Gobierno, pues queda en evidencia la falta de coordinación y comunicación que existe entre las cabezas responsables del proceso de paz, y también, queda en el ambiente el hecho de que no se hicieron consultas a entidades claves antes de que se aprobaran los decretos.

El hecho de que las Farc se inauguren como partido político y cuenten de entrada con 3.565 millones de pesos que serán garantizados por el Estado para muchos es suficiente garantía, como para que además, terminen usando los dineros que deben destinar a la reparación de las víctimas en su propia financiación.